Organizaciones civiles denuncian ante la CIDH tortura en Nicaragua

MÉXICO, DF, 14 de agosto de 2014.- Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en Nicaragua, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de arbitrariedad con la que actúa su sistema de justicia, así como las violaciones al debido proceso y casos de torturas.

En el marco del último día de audiencias públicas del 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, los peticionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Comité Permanente para los Derechos Humanos (CPDH), acusaron al Estado de no respetar las garantías de derecho al debido proceso independientemente de la gravedad del delito que sea imputado.

En su participación, la representante de la DPLF, Mirte Postema, acusó al Estado nicaragüense de haber repartido y nombrado con criterios políticos los cargos de sus magistrados, “lo cual daña la ya débil legitimidad y calidad del sistema de justicia.”

Sostuvo su acusación contra el Estado de Nicaragua con el ejemplo del caso del señor Milton Narcia, quien en un mismo día se le dictó un fallo a favor y horas más tarde, otro en contra, lo que se traduce como una contradicción de la Corte Suprema.

En el caso de la tortura por parte del Estado, de acuerdo a los testimonios y denuncias recabadas, los nicaragüenses sentenciados viven en condiciones infrahumanas, en cárceles donde no hay luz eléctrica; “no se sabe si es de día o de noche, no se puede ver ni la palma de la mano, además el frío y el ruido son parte de las condiciones a las que son sometidas las personas”, denunciaron los peticionarios.

Los activistas defensores de los derechos humanos instaron a la CIDH a exhortar al Estado de Nicaragua a hacer un llamado para garantizar la independencia del poder judicial, además urgieron a realizar una visita para que ese país desarrolle una política emergente que salvaguarde las garantías de las personas.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la materia.