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MÉXICO, DF., 18 de julio de 2014.- Los mexicanos han sido socializados en parámetros que los empujan a considerar algunas expresiones de violencia como parte de la cotidianidad; esto significa que esta problemática, en algunas de sus formas, ya se ha normalizado.
“Ejemplo de ello es que muchas mujeres sufrimos insultos o toqueteos en la calle o en el transporte público y no denunciamos porque pensamos que es una situación que ocurre a la generalidad”, afirmó Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.
Según datos de una de sus investigaciones recientes, en la que utiliza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 23.7 por ciento de las mexicanas ha padecido en alguna ocasión frases de carácter sexual que fueron molestas u ofensivas; 13.6 por ciento tocamientos; 7.8 por ciento ha tenido miedo de ser atacada o abusada sexualmente, y 1.4 fue obligada a ver escenas o actos sexuales.
La violencia de género (algunas de sus expresiones es el acoso y el hostigamiento) en contra de ellas es interpersonal, pues se produce entre individuos.
“Dentro de esta clasificación tenemos la de pareja, la que sucede en las escuelas y en el ámbito público”. La forma más visible es la física, aunque hay otras como la sexual, la psicológica, la económica, la patrimonial o la derivada de negligencia.
Aunado a ello está el hecho de que con frecuencia, en las instituciones donde se pueden denunciar esos actos, les restan importancia por no considerarlos graves; en consecuencia, se pierde la confianza en las instancias públicas, consideró la socióloga.
La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública muestra que 63.7 por ciento de las y los mexicanos tienen poca o nula confianza en las instituciones de procuración de justicia.
“Para denunciar o hacer evidente un acto de esa naturaleza, en primera instancia se debe reconocer que nos molesta y determinar si se hará algo al respecto; si se decide denunciar, saber a dónde acudir, pues aún hay mucho desconocimiento al respecto”, señaló. Violencia y Estado.
El Estado tiende a ver el problema de manera lineal. “No se piensa que violentar a la mujer no sólo ocurre por su pertenencia a un determinado género, pues en esta situación también influyen los distintos sistemas de desigualdad, como el estrato socioeconómico, la orientación sexual y el origen étnico”.
En ocasiones las políticas públicas que lo abordan constituyen reacciones ante las presiones de los ciudadanos o grupos organizados, pero con frecuencia son sólo parches para solucionar lo que se presenta en torno a esta situación, destacó.
Lo que hace falta, prosiguió, son medidas integrales que tomen en cuenta las múltiples causas asociadas y la posición que ocupan las personas en sus respectivas estructuras sociales. Si bien es cierto que se han emprendido campañas para combatir formas de violencia, la mayoría de ellas sólo sirve para llamar la atención o dar información.
Las estrategias deben ser múltiples y abordar aspectos relacionados con el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la equidad como ejes transversales, pero sobre todo implementarse desde los primeros años de vida.
En este sentido, las agencias de socialización como la escuela, la familia y los medios de comunicación deben intervenir en el ámbito de su competencia, porque de algún modo determinan cómo desarrollamos ciertas actitudes o pensamientos, concluyó.