Pide PAN apurar juicio político contra Duarte por desfalcos en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2016.- El Grupo Parlamentario del PAN solicitó exhorta a la Cámara de Diputados, resolver a la brevedad el procedimiento relativo a la solicitud de juicio político presentado en contra del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, el 18 de agosto de 2015 por presunto desfalco de las arcas públicas.

A través de un Punto de Acuerdo además pidió a la Procuraduría General de la República, para que en el ejercicio de sus atribuciones investigue de inmediato la probable comisión de delitos por desvío de recursos públicos federales de la Cuenta Pública 2014 de Veracruz, denunciados por la Auditoría Superior de la Federación.

Y requirió  a la Procuraduría General de la República para que proceda a realizar las investigaciones de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años 2014 y 2015 en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno estatal por su probable responsabilidad en el desvío de recursos públicos y se castigue a los responsables.

De acuerdo con las consideraciones de la bancada panista, el juicio político procedería con base en el artículo 110 de la Constitución, donde se establece que serán sujetos de juicio político los ejecutivos de las entidades federativas por violaciones graves a la Ley Suprema y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Según el Informe General de la Cuenta Pública 2014, presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial en la cuenta pública de Veracruz 2014, asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos, lo que posiciona al estado de Veracruz como una de las cuatro entidades que incumplió con la homologación de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

“Las pruebas de la ASF son indubitables. Se trata de auditorías ya concluidas y dictaminadas, apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de documentos donde el propio Gobierno del Estado de Veracruz reconoce la desviación de los recursos y se compromete a devolverlos”, precisa el documento.