Pide REDIM garantizar recursos en la Ley de Egresos 2015

MÉXICO, DF, 2 de noviembre de 2014.- El siguiente reto para la iniciativa preferente en materia de protección de los derechos de la infancia es garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 los recursos suficientes para su implementación, así lo subrayó el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, en entrevista con Quadratín México.

“Una de las cosas de gran preocupación en el marco de la reforma preferente de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, además de la mala calidad del proyecto es que se acompañó de un impacto presupuestal cero, lo cual es muy grave porque da nuevas responsabilidades a instancias pero no destinaba recuersos”, subrayó el activista.

En este sentido, agregó que de acuerdo a los tiempos establecidos con el reglamento del Congreso, el 15 de noviembre próximo deberá estar listo el Presupuesto de Egresos, sin embargo, este proyecto aún tiene que ser analizado por el Senado de la República, lo que nuevamente pone al proyecto en una carrera contrareloj porque de no modificarse este punto, no llegará a tiempo a la Cámara Baja para la discusión del presupuesto.

“El Senado de la República modificó el proyecto que llegó y lo turnó a Cámara de Diputados negociando algo de presupuesto, el tema clave es que todo esto cruza con los tiempos, por lo que exhortamos al Congreso a su aprobación inmediata, así como una etiquetación de recursos en el Presupuesto de Egresos, que garantice su puesta en marcha”, expresó Pérez García.

Entre los apartados a los que considera el titular de REDIM, deben destinarse recursos para garantizar el cumplimiento de las funciones establecidas en la legislación por aprobarse, está el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que será presidido por el propio presidente de la República con la participación de gobernadores, secretarías de Estado y asociaciones civiles, desde donde se definirá la política pública para la infancia en los próximos años, así como derivar recursos a los estados para la creación de los Sistemas Estatales de Derechos de Niños y Adolescentes.

“En realidad estas nuevas instituciones no requieren demasiado dinero, ya que funcionan a partir de la creación de un secretariado ejecutivo que tome las decisiones, pero no puede quedar a la buena voluntad de los gobiernos porque no todos los estados tienen el mismo ingreso, sobre todo las entidades del sur sufrirán para canalizarle recursos”, explicó el defensor de los derechos de la infancia.

Por último, dijo, deben destinar recursos a los mecanismos de participación infantil y de la sociedad civil, que esta ley contempla y finalmente etiquetar dinero para las Procuradurías de Defensa de Niños y Niñas, las cuales de acuerdo con cifras de la Cámara de Diputados, podrían recibir alrededor de 290 millones de pesos.

“Si bien no hay recursos que sean suficientes para un proyecto tan ambicioso, la Cámara de Diputados tendrá que demostrarnos que está invirtiendo el máximo de recursos disponibles para sacar adelante esta nueva legislación”, concluyó Pérez García.