Piden proceso civil y no castrense para militares por tortura

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril del 2016.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y 50 organizaciones civiles más rechazaron que los militares involucrados en un video donde torturan a una mujer indígena en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, estén sujetos a proceso penal en el fuero de guerra y no ante un juez civil federal y demandaron que la situación de revierta.

Adujeron en un comunicado conjunto que los actos de tortura, de acuerdo a la legislación nacional, deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles.

«Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia», indicaron.

Las organizaciones, dijeron, «exigimos de la Procuraduría General de la República, como una instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las investigaciones.

De la misma forma exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realice el contacto con la persona que se observa en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que como señalan los medios de comunicación, esta persona actualmente se encuentra detenida. Consideramos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar: la cadena de mando, la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades militares tuvieron conocimiento de los actos hasta el 10 de diciembre de 2015 por lo que la Sedena dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, a un año de los hechos, informó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que “determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones civiles».

Las autoridades militares, señalan también, que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a la policía militar y el elemento de tropa, «quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento».

«Los firmantes rechazamos que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra, ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles. Al respecto, la Sedena argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”; en el militar, por “desobediencia”, únicamente, y en el ordinario, por el delito que la PGR considere», indicaron.

A la Comisión Nacional de Seguridad, las organizaciones le pidieron que informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, de su posición sobre los hechos e informe sobre el seguimiento de los casos, las sanciones disciplinarias y penales a los policías federales involucrados.