Por una justicia asequible para todos: Miguel Carbonell

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de marzo de 2016.- El doctor en derecho Miguel Carbonell reconoce que la Justicia, así, con mayúsculas, no existe.

Y dice que la justicia con minúsculas “queda con el debido proceso legal, donde se respeten las formalidades, se respete la ley, las víctimas tengan voz, se les repare el daño, se le cuiden sus derechos…, y también al procesado”

Agrega: “se trata de tener una justicia asequible a la que podamos razonablemente aspirar. Está en el debido proceso legal, seamos estrictos en la exigencia del Estado de Derecho, esa es la lucha, siendo realistas, y no pretendiendo de que esto se trata de una utopía ¿verdad? no pretendiendo que la nueva reforma penal sea el nuevo México, el nuevo ser humano, pues eso no es cierto”.

Miguel Carbonell habla con Quadratín México en uno de los despachos de la Fundación de Estudios Jurídicos Carbonell, la cual él dirige.

 – Doctor, respecto a la capacitación de los policías, dentro del marco del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se les ha instruido a los policías para saber ¿qué hacer cuando detengan a alguien presunto culpable?

– Bueno, efectivamente en un momento dado el policía podría ser llamado ante el juez y tendría que responder las preguntas sobre las circunstancias en que se dio la detención. El 80 por ciento de las detenciones en flagrancia, es decir, en el momento mismo del hecho ilícito o en la persecución inmediata a la comisión del delito. Bueno es lo que dicen. Hubo o no flagrancia, en qué circunstancias, si hubo abusos o si hubo tortura, puede haber detenciones arbitrarias pues eso sucede y seguirá sucediendo, y, vaya, un cambio en la ley no creo que lo detenga y en esa parte se les exigirá más a los policías.

Asegura el autor de 44 libros que hay “policías vejados”, pues “no hemos sabido crear una carrera policial, ha habido mucha improvisación en general, con sus excepciones. Es una policía mal pagada, mal vista y muy mal reconocida. Creo que debemos dignificar la función de la policía, pues juega un papel estelar en la pacificación de la sociedad, en el propio proceso civilizatorio y en México eso no lo hemos sabido leer muy bien”.

El tema de los policías es uno de los tres focos rojos junto con procuradurías y las cárceles, asegura y agrega que la Ley de Delincuencia data del 2006 y no se ha reformado ni adecuado para el nuevo sistema. Tenemos una clase política muy mediocre y miope ante la urgencia que se debe tener para ser efectivos ante el crimen.

Hace una pausa para complementar: “y los jueces tienen que estar atentos a las condiciones que se le presentan, si la persona fue lesionada, si la persona fue objeto de tortura, si fue objeto de malos tratos o fue sujeta al llamado paseo, que es cuando te agarran y te pasean durante horas y días, y la Suprema Corte ya lo dijo con el caso de Florence Cassez, que esa demora excesiva obliga a dejar al acusado en libertad porque se violó el debido proceso. En fin…

– ¿Doctor, entonces en dónde queda la justicia?

– Bueno, la justicia con mayúsculas yo no creo en ella ni que tampoco exista y sea accesible a los humanos, la justicia con minúsculas para todos queda con el debido proceso legal, en que se respeten las formalidades, en que se respete la ley, en que las víctimas tengan voz, tengan representación, estén bien asesoradas, se les repare el daño, la víctima esté cuidada en sus derechos, pero también al procesado, yo creo que el hecho de que incluso suponiendo que en el juicio, también los acusados tienen derechos, pues por haber cometido un delito eso no te convierte en que trate de que seas un terreno baldío, donde puedan hacer lo que quieran contigo. No. Se trata de tener una justicia asequible al que podemos razonablemente aspirar, está en el debido proceso legal. Observemos esas disposiciones, cumplamos con la ley, seamos estrictos en la exigencia del Estado de Derecho, esa es la lucha, siendo realistas, y no pretendiendo que esto se trata de una utopía ¿verdad? no pretendiendo que la nueva reforma penal sea el nuevo México, el nuevo ser humano, pues eso no es cierto.

– Va a tener que haber una transición de trabajo con el Nuevo Sistema Penal…

– Sí, hemos encontrado una ruta de aprendizaje, pero más o menos rápida. Nosotros medimos… un año de duración, pues empezamos muy rígidos, muy formales, muy en su papel, muy acartonados incluso, y conforme fueron dándose las audiencias y conforme fueron aprendiendo fiscales, jueces, victimas y acusados van avanzando.

Explica el abogado –quien ha dictado cerca de mil conferencias en México y otros países– que Chile, por ejemplo, tiene una ventaja que no tenemos –tiene 19 millones de habitantes, es muy chiquito, menos de los que vivimos en el Valle de México–. Chile un país unitario, tiene un sólo poder judicial, hay un fiscal que sustituyó en la nueva reforma al juez de instrucción y que es de reciente creación.

Los pendientes del Congreso de la Unión

México, como un país federalista, tiene sus ventajas y también sus desventajas. Tenemos 32 entidades federativas, un fuero federal y fuero militar. Es decir, tenemos 34 estructuras judiciales con 34 códigos penales porque se unificó la legislación adjetiva, es decir, procesal, porque es federal, pero cada entidad preserva sus códigos penales, que serán los que definan los delitos. Pero yo veo aquí un problema que tiene que ver con la homologación de sanciones, dice y ejemplifica:

En Guanajuato la interrupción del embarazo se condena con 30 años de prisión y aquí en el DF puede ser delito después de las 12 semanas de gestación. ¡Caramba!, en el Estado de México el delito de secuestro se castiga con 80 años de prisión y a lo mejor en Campeche es de 20 años, porque allá no secuestran a nadie. Entonces, insisto, no es culpa del sistema penal pues este responde a la estructura federal del Estado mexicano, pero ciertamente tenemos que ser muy responsables y eso complica la aplicación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal

– ¿Y el sistema de Justicia Penal para Adolescentes?

– Eso es otro pendiente porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley. Así como hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica para todo el país para los adultos, tiene que haber un Código Nacional de Procedimientos Penales para los Adolescentes. Esto lo ordena la Constitución. Al día de hoy no existe, cuándo se dignarán nuestros representantes populares para emitir y cumplir con lo que la Constitución les ordena, pues es un misterio. No lo podía decir y precisar, pero sí debemos de señalar que en esto ya deberían de estar. Urge esto ya.

El académico de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de donde fue subdirector académico, prosigue: hay Estados excesivamente retrasados. Y la verdad es que sí hay mucha delincuencia juvenil, y hemos visto casos verdaderamente graves. Es algo que no quisiéramos, pero infortunadamente hay niños y adolescentes que delinquen y es un asunto que no podemos tapar el sol, con un dedo, lo cierto es que no vamos analizar esto por ahora, pero si hay casos de involucramiento con la delincuencia común y lamentablemente también con la delincuencia organizada. Tenemos incluso un sicariato juvenil.

– ¿Los amparos, doctor?

– Tenemos que ver qué hacer con el amparo, cómo va encajar con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuáles van hacer las nuevas reglas, etcétera. La Ley de Amparo se ha venido adaptando a partir del 2013, pero bueno. En cuanto a los temas legislativos pendientes hay muchos, inclusive son bastantes, Yo me iría contentos si los representantes populares aprueban la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones y el Código Nacional de Procedimientos Penales para los Adolescentes, porque con ello tenemos la estructura básica. Ahora, si bien las leyes de fiscalías, hay una ley de reparación y de violación de derechos humanos que está ordenada pues qué mejor. Hay algunos que dicen que ya está la ley general de víctimas, pero yo digo que una ley de reparación, como lo ordena la Constitución, pues tampoco sobraría, indicó el doctor Carbonell, quien está ejerciendo su año sabático.

– La ausencia de estas leyes podría causar algún efecto, pues estamos demasiado cerca del tiempo fatal, que es el 18 de junio entrante.

– Bueno, sí. Parecían mucho ocho años, pero cuando sale la reforma, muchos abogados lo criticaron. En realidad, es una reforma del Estado Mexicano y lamentablemente lo que yo veo, es que se dejó pasar el tiempo (caso Sonora por ejemplo donde habría que pedir cuentas). El decreto de reforma dice que a partir del primer año se destinarán recursos presupuestales para la implementación del sistema y ya desde el 2009 deberían comenzar a construir las salas y estar capacitando a todos los involucrados y si eso hubiera pasado, porque la reforma está bien diseñada y va en la dirección correcta, pero todo mundo se hizo como que no era su papel. Entonces, al cuarto para las 12, de prisa, sobre las rodillas, al vapor, vamos iniciar este tipo de justicia penal y, bueno, habrá una curva de aprendizaje más prolongada,

Habla de los gastos en justicia, los cuales “son una inversión, porque repercute en inversión extranjera, porque repercute en la seguridad de las calles o en las familias. México gasta muchísimo dinero en el tema seguridad pública, de hecho, el presupuesto, si combinamos gasto público con gasto privado de las familias que gastan para protegerse o cuidarse alcanza los 260 mil millones de pesos. Estamos hablando de inversión anual”.

Y él mismo se pregunta: ¿cuánto gastamos en un sistema que no funciona? Ahora qué estamos haciendo, estamos apostando a un nuevo sistema, que reduzca la impunidad, que aumente la tasa de denuncia, que le dé confianza a la gente, pero no tengo la varita mágica para poder afirmar que sí va a servir, no soy un creyente a ciegas, en verdad no lo sé. No quiero desacreditar la reforma.

Y para concluir, ofrece una serie de datos duros:

-Hay 400 mil policías preventivos estatales y municipales y federales sin herramientas científicas.

-Sólo el 5 por ciento de los policías están capacitados.

-Hay un ciento por ciento de delitos que quedan impunes.

-En la ciudad de México el 95 por ciento de las condenas de los delitos son de dicho.

-En todas las cárceles del país hay 250 mil internos de quienes no se sabe si son culpables o no.

-De la totalidad de las quejas de la CNDH (de 2007 a 2015), el 55.9 por ciento fue la tortura policiaca.

-En el país, anualmente hay 3.5 millones de delitos, pero el 93 por ciento no son denunciados. Y del porcentaje restante, en el 90 por ciento de los casos se dictaminan a los procesados como culpable.

-Hay 258 mil presos en 400 cárceles del país; de ese total, el 44 por ciento está en detención preventiva y un 27 por ciento no cuenta con una clasificación criminológica.