Por una verdadera reforma en el agro, piden diputados del PRD

MÉXICO, DF., 18 de enero de 2016.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) debe considerar como parte de su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, impulsar una verdadera reforma social al campo, señaló la diputada Karina Barón Ortiz. 

“Es necesario –apuntó- considerar un cambio de política pública que permita una reflexión de los programas actuales que sólo favorecen a los grandes consorcios agrícolas y ganaderos; debemos de revisar la actual política pública de manera general y plantear una reforma que le de vida y certeza al pequeño productor pero que se refleje también en favor del consumidor”.  

La legisladora oaxaqueña informó que al interior del GPPRD propondrá impulsar este tema como parte de su agenda legislativa, ya que desde hace más de 30 años la política neoliberal, desde Miguel de la Madrid hasta ahora, se ha favorecido a los grandes consorcios agrícolas y ganaderos nacionales e internacionales.

Frente a éstos, explicó, el pequeño productor, y un poco menos los campesinos, no puede competir si no hay garantías de precios y sin centros de acopio adecuados, lo que le impide rivalizar frente a los “coyotes” de quienes se han convertido en sus presos.

El PRD debe trabajar y plantearse como reto esta reforma social al campo y hacer conciencia de que si no lo hacemos, se irán deteriorando cada día más las circunstancias de todos los productores y campesinos.

Es claro, dijo, que uno es el discurso a favor del campo por parte de la actual administración, pero que en la realidad desde el 2014, Enrique Peña Nieto viene diciendo que va a fortalecer el sur sureste para ayudar a pequeños productores, aunque en la práctica no es más que lo mismo: favorecer a los de siempre.

Barón Ortiz afirmó que no se observan diseños de nuevos programas que favorezca a los pequeños productores: “Lo único que hemos escuchando, son discursos meramente publicitarios que no se traducen en hechos concretos. Se necesitan realidades”.

Entre los aspectos que el GPPRD debe impulsar, están las reglas de operación diferenciadas de acuerdo con cada entidad; a los productores del sureste no se les debe exigir los mismos requisitos que a los del centro o norte de país, por lo que se deben diseñar “trajes a la medida” a partir de las circunstancias que se están viviendo en cada entidad para que la política pública sea efectiva.

Uno de los objetivos de una política pública social a favor del campo es garantizar a los mexicanos la soberanía alimentaria, atendiendo todos los eslabones de la cadena, sin olvidar al productor y fortaleciendo al consumidor.

“Si tenemos una política pública que fortalezca al pequeño productor, en almacenamiento y en garantía de precios, estamos poniéndolo a competir en mejores condiciones frente a los ‘coyotes’, lo que les permitiría mejorar sus ingresos y, por lo tanto, el consumidor va a comparar a mejor precios y productos de buena calidad”.

Consideró que la política de la actual administración destinada al campo sigue encaminada al desmantelamiento que éste ha venido sufriendo, por lo que si no se llevan a cabo cambios, el país se seguirá hundiendo y los cultivos más rentables continuarán a la baja en sus precios, como sucede con el sorgo y el café, que siguen “atorados” en términos de comercialización.

Mientras el discurso gubernamental sobre la situación del campo es uno, los “focos rojos del campo mexicano” siguen encendidos, los precios de garantía no los hay como había antes; el gobierno no entra a garantizarle al productor cuánto va a ganar, cuánto va a percibir.

Advirtió que “de no dar este paso, el de una reforma social al campo, y no se entienda que la pobreza es el semillero y caldo de cultivo de conflictos sociales, va a haber estallidos, más pobreza y marginación, y vamos a saber de nueva cuenta de grupos armados en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y en otros puntos del país”.