CIUDAD DE MÉXICO, 28 de marzo de 2016.- El diputado federal Omar Ortega Álvarez, explicó que la iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental es reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política y se puede resumir en diez puntos esenciales en los cuales se desarrollan las nuevas facultades de la Auditoria Superior de la Federación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, articulando sus facultades fiscalizadoras en el ámbito de la propaganda gubernamental, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

Y es que actualmente se carece de un marco jurídico que establezca la vigilancia y fiscalización de los gastos que se hacen en este rubro, y no se ha querido integrar a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual el PRD la pone en la mesa, subrayó el también secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Comentó que esta Ley tiene el objetivo de regular, fiscalizar y vigilar la asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que realicen dependencias y entidades públicas, de los tres órdenes de gobierno, en los medios de comunicación, tales como prensa escrita, televisión, radio, medios electrónicos, salas de exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública.

El también presidente del PRD en el estado de México dijo que se busca articular un sistema de fiscalización de los gastos que encabece la Auditoría Superior de la Federación en coordinación con las entidades locales de fiscalización, para vigilar  el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan ejercido de manera directa o indirecta los gobiernos federal y locales para gasto de propaganda y comunicación social.

Se establecen restricciones a la propaganda gubernamental para que no se incluya la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo de los servidores públicos, las características personales o logros de las actividades de los servidores públicos, mensajes partidistas, uso de colores patrios, mensajes que generen invitación a la violencia, a la violencia de género, a la vulneración a los derechos humanos o a la discriminación, o que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o que sean denigrantes para las personas.

Omar Ortega Álvarez explicó que con esta ley se reconoce un nuevo ámbito de competencias, en el que la Secretaría de Gobernación administrará los tiempos oficiales en Radio y Televisión, y la Auditoría Superior de la Federación   fiscalizará y vigilará su ejercicio.

Además se propone la obligatoriedad de elaborar Programas Anuales de Propaganda de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas con el propósito de que  se cuente  con objetivos y parámetros cuantificables de la política de propaganda gubernamental con base en los cuales se realizará la programación.

Se propone un límite al gasto anual en propaganda gubernamental, el cual no deberá exceder de .3 por ciento del gasto corriente aprobado en el presupuesto federal o local.

Se crea el Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación el cual será un sistema informativo de carácter público, administrado por la Auditoría Superior de la Federación, añadió el diputado Omar Ortega Álvarez.

Toda la información relacionada con la propaganda gubernamental es de carácter público, se aplicará en todo momento el  principio de máxima publicidad y no se podrá clasificar como reservada o confidencial por autoridad alguna de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Finalmente, se establecen facultades específicas para el Tribunal de Justicia Administrativa a efecto de que pueda aplicar sanciones de carácter administrativo a los servidores públicos que incurran en una violación o irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinado a este rubro, concluyó el diputado.