Programa Frontera Sur, simulación del Estado mexicano

MÉXICO, DF 12 de abril de 2015.- A menos de un año de que el presidente de la República Enrique Peña Nieto publicara el decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, no existe tal programa, “solamente es un concepto operativo dentro del Instituto Nacional de Migración”, según el mismo comisionado Ardelio Vargas Fosado, y de acuerdo a la denuncia del fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde.

El 8 de julio de 2014, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse en la definición de estrategias y proporcionar, dentro de sus competencias, la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

Dicho precepto instruía al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinar a los servidores públicos federales cuando se trate de asuntos en materia migratoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Además de ejercer las funciones de coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de manera directa o por conducto de un coordinador.

Desde el 16 de enero de 2013, por invitación del Ejecutivo federal, Ardelio Vargas Fosado asumió la titularidad del INM para impulsar políticas migratorias con pleno respeto a sus derechos humanos, acentuando la salvaguarda y protección de los migrantes nacionales y extranjeros.

Desde el inicio de su administración, Vargas Fosado depuró y reestructuró el organismo donde persisten delitos graves como tráfico de personas, secuestros y extorsiones y casos de corrupción, según denuncias de organizaciones civiles y de los propios migrantes.

Tras un encuentro este viernes con el padre Alejandro Solalinde, quien encabeza el Vía crucis 2015 realizado cada año por migrantes centroamericanos, el Comisionado del INM dijo al clérigo que tal programa de la Frontera Sur es inexistente y que a lo que llaman retenes de la Policía Federal con armas largas y decenas de patrullas, en realidad son “filtros normales”.

Vargas Fosado no permitió salir de Ixtepec, Oaxaca a la caravana de migrantes hacia la ciudad de México, al mismo tiempo que advirtió al padre Solalinde y a defensores de los derechos que si los migrantes salían del albergue, iban a ser detenidos por Migración, regresados y posteriormente deportados.

Todo ello, en un esfuerzo del INM alineado a los derechos humanos, justificó el responsable de Migración.

–“¿Por qué no son un poco flexibles, por qué no trataban de mandar algún agente de Migración para hacer una relación de los que califican para refugio, para la visa humanitaria o simplemente oficio de salida?”, pidió el sacerdote.

–“A mí no me corresponde eso. La única forma de poder hacer algo es que se entreguen a Migración, y los que califiquen bien, los que no, a la deportación”, resistió el funcionario federal.

El comisionado del INM reprochó a los defensores de los derechos de los migrantes y al propio padre Solalinde de abusar de la figura de víctima.

–“Ustedes presentan a cualquier persona en calidad de víctima. Esa figura se está desgastando”. Inculpó a los activistas que ante cualquier situación llaman víctima a una persona y por el contrario, hay situaciones en las que evidentemente no lo son.

La reunión entre el Ardelio Vargas y Alejandro Solalinde terminó prácticamente sin ningún acuerdo de retirar los cuatro retenes implementados a la salida de Ixtepec, en Juchitán, en la Ventosa y en Matías Romero, para que el Vía crucis del migrantes 2015 pudiera emprender su marcha rumbo a la ciudad de México, a fin de sostener un encuentro con altas autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Mientras tanto, a albergue Hermanos en el Camino siguen llegando más personas en situación irregular en el país, huyendo de sus lugares de origen por la incesante violencia, la pobreza y la miseria.

Incumple gobierno con instrumentos internacionales

En la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, denominada México con Responsabilidad Global, se prevé “garantizar en el territorio nacional los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria.”

Esto incluye, “diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos mayores”.

En contraste con la realidad, según la denuncia del padre Solalinde, más de 50 personas que se encontraban sitiadas en el albergue de Ixtepec, corresponden a niños y menores de 18 años de edad, además de mujeres y familias enteras.

Además, la Ley de Migración establece que ningún menor de 18 años, niño, niña o adolescente, puede ser deportado sin conocer cuáles son las causas de la migración:

“En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el de víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su mayor protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación migratoria.”

El 10 de diciembre de 2012, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos al padre Alejandro Solalinde, en la residencia oficial de Los Pinos y en compañía del entonces titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

El defensor de los derechos de los migrantes recordó que el 30 de abril de año pasado, el Ejecutivo federal publicó un decreto del Programa Especial de Migración 2014-2018, en el Plan Nacional de Desarrollo, donde obligaba a las dependencias y entidades administrativas públicas federales a sujetarse a las disposiciones del programa, en el ámbito de su competencia.

Bajo el marco normativo, la coordinación institucional de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno que conforman la Frontera Sur del territorio: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, deberán coadyuvar para llevar a cabo acciones efectivas a efectos de garantizar un adecuado flujo de personas al interior del país.

La Secretaría de Gobernación, en los términos y la disposición jurídica aplicable, dará seguimiento a la implementación de las reacciones y en cumplimiento de los objetivos establecidos en dicho programa, y reportará los resultados obtenidos con base en las metas e indicaciones correspondientes.

En lo que compete a la Secretaría de la Función Pública, vigilará el cumplimiento y a las obligaciones derivadas de las disposiciones obtenidas en el decreto firmado por el Ejecutivo federal y representantes de su gabinete legal.

Bajo el principio de protección pro persona, el Programa Especial de Migración establecía un nuevo paradigma en la materia, sin embargo Solalinde acusa al Estado mexicano de responder con la presencia del elementos de la Policía Federal con armas largas criminalizando a personas protegidas en la Constitución.

“El migrante no es ilegal, si no es un irregular administrativo”, acotó el sacerdote quien niega representar a la Iglesia Católica.

Solalinde plantea que la Iglesia Católica a través de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana pudiera ser buen interlocutor para alcanzar acuerdos, sin embargo es encabezada por el obispo de Cuautitlán, Estado de México, Guillermo Ortiz Mondragón, –cercano del presidente Enrique Peña Nieto y por tanto al gobierno del PRI– por lo que valoró que no sería un interlocutor imparcial.

“¿Por qué? si es obligatorio y costó el trabajo de 90 organizaciones, ¿por qué ahora se niega?, ¿por qué no se obedece? ¿Por qué el mismo Presidente desacata el decreto?”.