Proponen senadores crear grupo para investigar estados con delincuencia

MÉXICO, DF, 4 de noviembre de 2014.- Los senadores perredistas, Alejandra Barrales, Angélica de la Peña, Luis Sánchez Jiménez e Isidro Pedraza Chávez, propusieron en la Cámara Alta la conformación de un subgrupo de trabajo que a través de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, acudan a investigar la situación de los estados que presentan el mayor número de delitos.

“El objetivo es que el Senado acuda a hacer una investigación que nos permita conocer la verdad, saber qué está sucediendo en estos estados, cómo está su legislación, si en el ámbito de la procuración de justicia, por ejemplo, tienen el área de antisecuestros, entre otros muchos delitos que se cometen y ver cómo se comportan en cada estado y cómo está respondiendo la autoridad estatal”, precisó Sánchez Jiménez.

De acuerdo con la propuesta del sol azteca, las entidades en las que se arribaran primero serían el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Veracruz, para lo que prevén establecer tiempos para actuar y presenten resultados, con el objetivo de que el Senado emita las recomendaciones que considere pertinentes, así como observaciones a todas las instancias, gobiernos estatales, municipales y federal, así como a órganos autónomos.

Lo anterior ya que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2014 a nivel nacional se registraron 27 mil 347 homicidios, 1, 529 secuestros y 4 mil 998 extorciones, siendo el homicidio el más lastimoso para la sociedad, posicionando al Estado de México en la entidad con mayor incidencia de este delito, con 3 mil 365 homicidios, seguido de Michoacán con 2 mil 247, Guanajuato con 1, 962, Guerrero con mil 700, Tamaulipas mil 381 y Chiapas mil 283.

En materia de secuestro Tamaulipas ocupa la primera posición de incidencia con 479 secuestros, seguido por el Estado de México con 144, Veracruz 132, Michoacán 114, Morelos 110, Guerrero 101, que es entre los que sobresalen en los primeros lugares.

En extorsión por entidad federativa sobre sale en Estado de México con 862 casos, Jalisco 597, el D.F. con 505, Morelos 301, Nuevo León con 288, Tamaulipas 277 y hasta en Veracruz no dejan de bajar de 200 delitos denunciados.

“El costo de la violencia en México es más del doble de la deuda externa neta del gobierno federal, que a agosto de este año sumaba 76 mil 258.8 millones de dólares”, acotó Isidro Pedraza Chávez.

Al respecto, Alejandra Barrales, sentenció que la misión de esta comisión es que haga contacto con las víctimas, con las procuradurías locales, ministerios públicos y las autoridades, a fin de determinar si la gente está en condiciones de denunciar, si sus denuncias se siguen, si hay amenazas, si el gobierno está atendiendo todos estos temas y que podamos tomar cartas en el asunto, yendo más allá, insisto, de observar y de emitir una opinión.

Por último, la senadora Angélica de la Peña, adelantó que además presentaran una iniciativa de Ley Federal que pueda dirimir casos de desaparición forzada de personas, que considere la creación de un Banco de Datos de ADN, que esté inscrito a nivel federal y las entidades federativas para conocer los datos de las víctimas que han desaparecido.

“Nos parece muy importantes, ya lo mencioné la división entres cuando se trata de desaparición forzada  de personas y cuándo se trata de desaparición involuntaria de personas; de tal manera que también es necesario que se defina cuándo tiene que hacerse la declaración de ausencia”, subrayó De la Peña Gómez.

En este contexto, abordarán dos temas más en el ámbito legislativo, uno que tiene que ver con la tortura, basado en la Convención Interamericana contra la Tortura; y el uso legítimo de la fuerza pública.

Finalmente, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a fortalecer las Escuelas Normales Rurales; en las que impera una situación de marginalidad, pobreza, abandono, que se han convertido en los únicos espacios donde los jóvenes más pobres del país pueden acceder a la educación.

“Nos parece que hay que diseñar, rediseñar cómo garantizar este derecho a la educación de estas y estos jóvenes, los más marginados de nuestro país, para que estén en las condiciones de dignidad humana a las que tienen derecho a partir de lo que define nuestra Constitución, de manera particular”, concluyó.