Reiteran su petición: liberen al líder yaqui Mario Luna Romero

MÉXICO, DF, 18 de septiembre de 2014.- Un día después de que se dictara auto de formal prisión en contra de Mario Luna Romero, secretario y vocero de la tribu yaqui, autoridades de esa comunidad y organizaciones sociales exigieron su inmediata libertad y acusaron al gobierno de Sonora –encabezado por Guillermo Padrés– de emprender una campaña de criminalización en contra de los activistas opositores al acueducto Independencia.

En conferencia de prensa, denunciaron que el juez no analizó debidamente todas las pruebas ni las vinculó para determinar la probable responsabilidad además de admitir que hay dudas y contradicciones en el caso, por lo que Luna Romero –quien fue detenido el pasado 11 de septiembre acusado de una presunta privación ilegal de la libertad en contra de Francisco Delgado Romo- debe ser liberado de inmediato.

“Es para nosotros indignante que se dé esta respuesta de parte del poder judicial cuando no existen elementos legales para sostener su culpabilidad, como lo demostró la defensa, pues ni Mario Luna ni Tomás Rojo estuvieron presentes en los hechos que dan origen a este proceso legal”, acusó Tomás Rojo, vocero yaqui quien también tiene orden de aprehensión en su contra.

Delgado Romo, el hombre que presenta la denuncia contra Luna Romero y otras tres personas, “agredió a quienes se encontraban en las protestas en la carretera internacional contra la operación del acueducto Independencia y en consecuencia a la comisión de una falta fue procesado por las leyes tradicionales de la tribu”, explicó Rojo.

Sobre las acciones venideras en defensa del vocero yaqui, el abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Andrea Cerami,  informó que se analiza solicitar un amparo y que en breve hablarán con él sobre cómo quiere ir adelante en la lucha legal, y que ya se solicitaron medidas cautelares a las Naciones Unidas y la CIDH.

Rojo advirtió que ese pueblo seguirá con su protesta «contra la injusticia, la impunidad y la prepotencia de un gobierno sacado de cauce».

Edmundo del Pozo, de Fundar, AC, afirmó que en Sonora persiste un estado de “impunidad total” y que el caso de Luna Romero “lo evidencia de manera clara”.

Añadió que “quien cometió ilegalidades fue el gobierno de Sonora y luego el gobierno federal”, quienes no han acatado las sentencias de amparo en contra de la operación de dicho acueducto.

En un mensaje signado por las autoridades tradicionales de Vicam y leído por Rojo durante la rueda de prensa, se expresa que “Mario es uno de los principales interlocutores en la conulta de las autoridades federales a la tribu yaqui, que derivó en el fallo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto esta detención atenta contra los principios del derecho a la consulta mandatados por la Corte.

“Por lo anterior podemos afirmar que la razón de la detención de Mario Luna y las órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y otros dos compañeros yaquis es el resultado de una decisión del gobierno del estado, que ha manifestado una y otra vez con sus acciones que no existe respeto hacia la tribu yaqui y han mantenido una campaña de odio racial y criminalización violando sus derechos humanos”.