Requiere Alto Comisionado de la ONU retiro del Ejército de las calles

MÉXICO, DF., 7 de octubre de 2015.- El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó al Gobierno mexicano adoptar un cronograma inmediato para sacar a las fuerzas militares de su función de seguridad pública y regresarlos a su cuartel, fortalecer las Procuradurías del país para asegurar que las violaciones sean investigadas con resultados y considerar el resultado del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el cierre de su visita a México y primera en América Latina, y aunque en su momento entregará una lista de recomendaciones al gobierno, Zeid Ra’ad enfatizó, en las mismas medidas, clave fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en la línea de obligaciones de derechos humanos e incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

Aunque reconoció que México ha sido acérrimo defensor de los derechos humanos, ratificado casi todos los tratados internacionales más importantes en la materia, tras cuatro años que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU identificó ciertos problemas, siguen siendo tema de preocupación los altos niveles de inseguridad, el acoso a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas, el abuso de los migrantes y refugiados.

Manifestó su inconformidad porque el 98 por ciento de todos los crímenes cometidos en México quedan sin resolver y donde la mayoría no son investigados, por lo que no sorprende que la mayor parte de los mexicanos se sientan inseguros.

Zeid Ra’ad Al Hussein respaldó el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente visita a México, pues indicó que sus hallazgos coinciden en gran parte con las conclusiones de la oficina que representa; y avaló las recomendaciones del organismo y organizaciones civiles, ilustrando que hay amplio consenso sobre la gravedad de la violaciones en el país.

Resaltó la cifra de 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en su tránsito por el país, y 26 mil personas cuyo paradero se desconoce desde 2007, miles de mujeres y niñas abusadas sexualmente o víctimas de feminicidio y “nadie ha sido condenado por estos crímenes”.

Parte de la violencia la atribuyó a los despiadados grupos del crimen organizado, “quienes han hecho miserable la vida de mucha gente en los 32 estados de la República”. Por ello, condenó sus acciones sin reserva.

Sin embargo, apuntó que muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido de manos de autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y partes del Ejército.

“La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo ese cóctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar”, reprendió al referir el corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que utilizan para cooptar o corromper las instituciones del Estado.