Resueltos 60 crímenes a periodistas en 4 años; “vamos por más”: Borbolla

MÉXICO, DF, 7 de junio de 2014.- Impunidad, abuso de autoridad, amenaza, protección, privación de la libertad, derechos humanos, periodistas… son palabras que se repiten continuamente durante la entrevista con la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, Laura Angélica Borbolla Moreno, quien, contundente, afirma: este país tiene que cambiar, la corrupción y la perversa relación que existe entre autoridades y la delincuencia organizada debe desaparecer.

Y da datos: los agravios a periodistas en México en cinco años acumulan 508 casos, siendo 2013 donde se perpetró el mayor número: 173 y en el primer trimestre de este 2014 llega a 47. Y, en el mismo lapso, en lo relativo a agresiones contra medios de comunicación van 16 asuntos, desde agresiones físicas a instalaciones hasta ataques cibernéticos a sus páginas web.

En charla en su oficina, Borbolla Moreno, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, ex agente del Ministerio Público de la Federación en la PGR y ex subdirectora de Análisis Jurídico Internacional de la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la PGR, acompaña sus palabras con movimiento de manos:

“Hay algunos estados donde las limitantes para el ejercicio de la libertad de expresión surgen desde las autoridades locales en el ámbito municipal o estatal en diferentes variables y en ocasiones, incluso,  son juez y parte cuando se realizan las investigaciones”, dice mientras se acomoda el cabello.

De manera particular enfatiza sobre los casos de homicidios de periodistas cuyos expedientes luego de ser atraídos por la fiscalía se descubre que las pruebas periciales fueron alteradas por malas prácticas de los ministerios públicos estatales, situación equivalente a un vicio de origen en la indagatoria

Apoyada en documentos, Borbolla Moreno menciona: “De 2000 a 2014 han sido asesinados 102 periodistas, en 20 entidades del país, siendo las más agraviadas Chihuahua (16), Veracruz (15) y Tamaulipas (13), concentrándose el mayor porcentaje de homicidios contra comunicadores es el Sureste del país, con 35 casos, en ocho estados.

Los periodistas desaparecidos de enero de 2005 al 30 de abril de 2014 son 24 en 10 estados de la República, siendo tres entidades (Michoacán, Tamaulipas y Veracruz) las que encabezan la lista, con cuatro cada una.

Borbolla Moreno da más datos duros y recalca que a pesar de no tener una estructura “ideal” la Fiscalía ha logrado resolver 60 casos en cuatro años y aclara que las limitantes para el ejercicio de la libertad de expresión surgen desde las autoridades locales en el ámbito municipal o estatal en diferentes variables y en ocasiones, incluso,  son juez y parte.

En la Fiscalía trabajan 45 personas, y en el interior de la República se les ha dado capacitación a 481 elementos de la PGR. En exclusividad tienen 10 Ministerios Públicos.

Actualmente por mandato de la Fiscalía una decena de periodistas en distintas entidades cuenta con el servicio de guardia y custodia, que se otorga con agentes federales o estatales en casos donde se identifica un apremiante riesgo para la vida de los comunicadores. Inclusive, en cuatro casos, los periodistas han sido reubicados como una medida cautelar para protegerlos, a ellos y a sus familias.

Habla de los cursos que la Fiscalía ha ofrecido a poco más de mil periodistas en el país (de un universo que –según datos no oficiales– ronda por los 50 mil, aunque según datos del INEGI en el país existen 223 mil profesionistas en éste género) para difundir medidas de prevención y reducir riesgos. Y comenta que los propios dueños de diarios, revistas, estaciones de radio, páginas de internet…, “deben de dotar de equipo e indumentaria apropiada para que los periodistas realicen sus coberturas con menores riesgos”. Y ejemplifica:

“En situaciones extremas, como puede ser un enfrentamiento de la policía con del crimen organizado el uso de chalecos antibalas puede salvar la vida de un periodista”.

Los amagues de la delincuencia organizada principalmente en las fronteras sur y norte son las principales fuentes de  amenaza para quienes se dedican a la cobertura de la nota política, la de policía, aunque no hay que descartar, de igual manera las notas rosas, deportivas y del corazón.

Enfática, la fiscal sostiene que el riesgo al cual se encuentran sometidos los periodistas en el país se debe reducir a la par de los niveles de impunidad que prevalecen en los agravios cometidos en contra de ellos. Mediante el castigo a los responsables.

Agrega que la solidaridad entre los colegas de un periodista agraviado también debe incrementarse.  “Es sorprendente que en la oficina de Enlace y Gestión de la fiscalía  el mayor número de cartas y peticiones para la realización de una investigación por el homicidio de un comunicador provienen del extranjero.

“Existe una falta de cultura en materia de derechos humanos entre la población, la sociedad también es indolente y no comprende que una agresión a un periodista implica un agravio al derecho que tienen de estar informados”, sentencia.

Con un presupuesto que se incrementó de tres millones de pesos a 40 millones entre el 2013 y 2014 Borbolla enfrenta entre otros retos esclarecer los homicidios de periodistas con investigaciones contundentes.

“Y lo haremos”, remata.