Se atora el INE en la fiscalización de campañas

MÉXICO, DF., 8 de julio de 2015.- Por un retraso causado por la entrega de reportes de gastos de campaña por parte de los partidos políticos tres días antes de la fecha límite establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo se enfrenta a un rezago en los trabajos de revisión, admitió el consejero Ciro Murayama.

“Hay una sobrecarga de trabajo, porque la mayoría de los gastos se reportaron los 3 días previos a la fecha límite, se están revisando más de 13 mil informes de campaña, cotejando más de 40 mil espectaculares y más un millón de operaciones reportadas por partidos y candidatos”, explicó el funcionario electoral en entrevista.

Después de que por segunda ocasión, la Comisión de Fiscalización reprogramara en esta ocasión para el próximo 10 de junio la revisión, discusión y aprobación de dictámenes, porque la Unidad de Fiscalización no ha concluido el trabajo.

Murayama Rendón acotó que la tarea de fiscalización se desarrolla de manera más lenta debido que en medio del trabajo de resolución de lo que ingresó y se gastó en las campañas federales, de gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, se están detectando gastos de los partidos en el periodo de intercampaña, mismos que se prevé sean incluidos los gastos de campaña y distribuidos entre los candidatos beneficiados.

Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que se está haciendo una fiscalización sin “indulgencias” y con “pies de plomo” y adelantó que incluso puede tratarse de una sesión de fiscalización de consensos.

“Esta fiscalización está siendo exhaustiva y va a encontrar en el momento en que hubo conductas indebidas la posibilidad de sancionarlo así como omisiones en el cumplimiento de obligaciones porque hoy los actores políticos ya no se pueden dar el lujo de gastar sin supervisión y sin rendir cuentas”, aseveró el consejero electoral.

Para el caso de los independientes, dijo que habrá una vigilancia igual de exhaustiva que para los candidatos de los partidos, porque también tuvieron acceso a financiamiento público y que en caso de alguna violación a la ley, se valorará qué multas se les pueden imponer, según los recursos con que cuenten.