Avalan comisiones reforma para 658 mil empleados de plataformas digitales
MÉXICO, DF, 23 de septiembre de 2014.- Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) solicitarán la abrogación del decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, destaca la segunda emisión de MVS.
A través de un punto de acuerdo, los legisladores de izquierda exigieron el inicio de los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que han socavado el texto constitucional atentando a la soberanía del Estado de Michoacán, con la aprobación, expedición y ejecución de dicho Decreto.
Y es que, afirmaron, con ello se creó una autoridad intermedia entre la Federación, los Estados y los Municipios que no está prevista en la Constitución, es decir, la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, invade los espacios de soberanía, autonomía y libertad de la entidad y sus municipios.
De igual forma, señalaron que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, incurre en una franca violación a la Constitución, pues invade competencias de los tres poderes del Estado de Michoacán y de sus municipios, supliendo facultades exclusivas del Gobernador, entre otras.
Por otro lado, destacaron que el Decreto del Ejecutivo Federal violenta la competencia del Congreso de la Unión, que tiene facultad para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
Señalaron, en este sentido, que la institución de la Comisión y su estructura implica la creación de plazas y de presupuestos anexos que no han sido aprobadas por el Congreso, ni los gastos fueron autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, afirmaron que la actuación del Ejecutivo Federal en Michoacán y de su comisionado Alfredo Castillo implica un estado de excepción que no ha sido declarado constitucionalmente, por lo que, afirmaron, estamos en presencia de un golpe de Estado que es inaceptable en el marco del Estado de Derecho.