Sería Iniciativa Preferente avance normativo, ya veremos: especialista

MÉXICO, D.F., 3 de septiembre de 2014.- La iniciativa del Ejecutivo federal para expedir la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes “es un avance en términos normativos”; sin embargo, está por verse “que la aplicación de la ley sea efectiva y se canalicen los recursos adecuados –financieros y humanos- para poder lograr esa eficacia”, consideró el director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Oscar de los Reyes Heredia.
En entrevista con Quadratín México, el experto señaló que el proyecto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado y que ya fue turnado a comisiones es “interesante” toda vez que “busca encuadrar bajo la figura de una ley general y ordenar todas las acciones de los distintos niveles de gobierno para establecer un escenario ideal para el sano desarrollo de la infancia y la adolescencia”.

Además de tener la pretensión de crear todo un sistema nacional de protección, “que evidentemente tiene su fundamento a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en lo establecido en el artículo 4 de nuestra propia Constitución”.

Lo anterior “es tan complejo como los elementos que pueden confluir donde el más delicado es que exista la voluntad política, por un lado, de los distintos niveles de gobierno, así como la capacitación de recursos humanos para poder aplicar las normas derivadas de este sistema que aparentemente va a crear la ley”, expuso.

Así, dijo, es fundamental la operación política “para alinear todos los intereses en juego” y para capacitar a los titulares de las entidades y a quienes van a operar directamente el apoyo al desarrollo sano de la niñez y adolescencia.

El especialista en Derecho consideró que dicha ley debe prever que el sistema que pretende crear para proteger a los menores a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como es el caso de niños migrantes, los niños que pierden a su familia por migración, los niños que quedan sin familia por asesinatos del crimen organizado, así como las potenciales víctimas de crimen organizado y trata de personas.

Es decir, “la ley debe estar orientada hacia procurar un espacio para el sano desarrollo de los individuos a partir de puntales clarísimos como son el derecho a la educación y a la salud, que incluye evidentemente a la nutrición, así como el derecho a la identidad, pues sabemos que en México hay una gran cantidad de menores que todavía no han sido registrados. Hacia allá debe estar orientada la ley”, concluyó.