Terrenos expropiados de Línea 12 ya fueron pagados: Consejería Jurídica

MÉXICO, DF, a 11 de febrero de 2015.- El consejero Jurídico del DF, José Ramón Amieva fue categórico en su contestación: “no hay ningún documento que determine judicialmente o legalmente pago alguno”, sobre la serie predios que un grupo de ejidatarios reclaman al Gobierno del Distrito Federal.

El funcionario capitalino refirió que este miércoles la Consejería Jurídica cuenta con informes en los que existe “un decreto expropiatorio de los años 60, aproximadamente de 1965”, dijo, y sobre esta base, abundó, “contamos con antecedentes de que esos terrenos ya fueron pagados” y que por lo tanto son parte del patrimonio de la ciudad, puntualizó.

Aunque el consejero Jurídico reconoció que existe una serie de documentos presentados por presuntos afectados en los que se observan firmas de autoridades capitalinas –al parecer, de la administración pasada- en donde se comprometen a pagará por los terrenos expropiados, señaló que tales funcionarios no tenían facultades para asegurar pago alguno.

“Aunque se cuenta con un documento suscrito por una autoridad del Gobierno de la Ciudad, esa autoridad no tenía ni las facultades ni el esquema de responsabilidades necesarias para poder comprometerse en ese sentido”, sentenció.

Y más allá del interés común del presunto grupo de ejidatarios afectados, el Consejero Amieva, dejó entrever la posibilidad del interés particular de una sola persona, aunque no dio su nombre ni quiso abundar más sobre la identidad de este individuo.

“Yo no quiero referirme a los ejidatarios. Es una persona que ha estado haciendo la petición. Esta persona fue oportunamente notificada y en ella demostramos que no se tienen los elementos jurídicos para dictaminar pago alguno”, aseguró.

Y reiteró: “No vamos a determinar el pago de absolutamente ningún concepto jurídicamente soportado”. Estamos abiertos a cualquier petición por la vía social, comentó, “pero por la vía jurídica toda petición debe estar técnicamente sustentada”, finalizó.

Recientemente un grupo cercano a los 200 ejidatarios originarios del Pueblo de Culhuacán exigieron un pago cercano a los 25 millones de pesos al Gobierno capitalino por la expropiación de terrenos que fueron ocupados para la edificación de la Línea 12 del Metro.