Trabaja Gobierno en política en pro de 39.2 millones de niños

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2016.- Con motivo de la celebración del Día del Niño, el Gobierno de la República reafirmó su compromiso para generar una política nacional en cumplimiento del mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en favor de este sector poblacional de 39.2 millones.

Tiene la finalidad, se informó en un comunicado, de que cada niña, niño y adolescente de México, en particular quienes viven situaciones de mayor vulneración a sus derechos, cuenten con un sólido marco legal y la estructura institucional necesaria para que se pongan en el centro de las decisiones públicas y privadas.

Para el logro de este objetivo, la Administración Federal trabaja de manera activa, articulada y coordinada con el Congreso de la Unión, las entidades federativas, los municipios, el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil.

El Estado mexicano asume su responsabilidad por reconocer a las niñas y niños como titulares de derechos, al promover en el año 2014 la aprobación de la LGDNNA como única iniciativa preferente en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la cual ha logrado el más amplio consenso entre autoridades estatales y municipales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y sector privado y académico, quienes han emprendido acciones desde sus respectivos campos de acción para fortalecer a México como una sociedad de derechos.

En la sesión de instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes –2 de diciembre de 2015–, Peña Nieto indicó a las y los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), cuatro prioridades en la materia: política pública, información sobre el grupo de población, diálogo intergubernamental y armonización jurídica, las cuales presentan avances.

En materia de política pública, la elaboración del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) se encuentra en la última etapa de elaboración, tras un amplio proceso de Consulta Nacional que involucró la participación directa de niñas, niños y adolescentes, y de dependencias públicas federales y locales, así como organizaciones de la sociedad civil, a través de 21 foros de consulta en toda la República para conocer de viva voz sus necesidades, deseos y principales preocupaciones.

Respecto a la generación de información, a nivel federal se tiene el diseño de la estructura del Sistema Nacional de Información, así como el diseño de 371 indicadores de medición cuantitativos y cualitativos que serán la base que mida el avance en materia de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes, a fin de contar con datos estadísticos desagregados de cada niña y cada niño que habitan y transitan por México.

En cuestión de diálogo intergubernamental, se ha alcanzado la aprobación de las 32 leyes estatales de protección integral, así como las instalaciones del Sipinna –que preside Enrique Peña Nieto–, los 22 estatales y los 253 municipales.

En la armonización legal, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna ha impulsado el compromiso asumido por los integrantes del Sistema para realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico que prohíban o eliminen las dispensas existentes con las cuales aún pueden celebrarse matrimonios entre personas menores de 18 años, lo cual limita su pleno ejercicio de derechos.

También, se participó directamente en el proceso de dictaminación del Senado de la República respecto de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la finalidad de incorporar en ambas propuestas el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones y otras más que se encuentran en proceso en diversas dependencias federales y entidades federativas tienen la finalidad de que cada niña, niño y adolescente de México, en particular quienes viven situaciones de mayor vulneración a sus derechos, cuenten con un sólido marco legal y la estructura institucional necesaria para que se pongan en el centro de las decisiones públicas y privadas.