Tutelar y asistencialista, Iniciativa preferencial enviada al Senado

MÉXICO, DF., 10 de septiembre de 2014.- La iniciativa de Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes enviada por el Ejecutivo federal al Senado mantiene una visión tutelar asistencialista y no de garantía de derechos, y su aprobación en los términos en que está planteada, representa un «riesgo», pues más que avances podría significar un retroceso, advirtieron organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.

En conferencia de prensa, informaron que luego de revisar dicho proyecto de ley –catalogado ya como preferente para su discusión– obtiene 15 puntos de 50 de acuerdo con el Índice de medición de calidad de las leyes desarrollado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Dicho índice mide si una ley está armonizada con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. “El proyecto obtiene el equivalente de 3 puntos de 10, lo cual da cuenta del gran desafío para corregir este proyecto”, advirtió Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, quien consideró «inquietante» que en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por la Secretaría de Hacienda no se contemplan recursos económicos para las acciones y entidades que derivarían de dicha ley.

Alertó que la iniciativa «no supera el paradigma tutelar que ha caracterizado al Estado mexicano en las últimas décadas, no atiende los compromisos internacionales en la materia y no logra reorganizar al Estado para que la realidad de niños y adolescentes pueda cambiar».

Añadió que proteger derechos de los niños y adolescentes implica la reorganización del Estado mientras que proteger niños “nos lleva a tener miles de programas y acciones dirigidos a poblaciones específicas sin una vinculación entre sí”.

Sobre la creación de un Sistema coordinado por la Secretaría de Gobernación y en la que participarían diversas dependencias federales, los activistas consideraron preocupante que no esté incluida la SHCP, “dependencia donde se definen los recursos”, así como los poderes legislativo y judicial, pues el “Estado es algo más que el gobierno e incluye a los gobiernos estatales y a los otros poderes de la Unión”, además de que tampoco se contempla la participación de las organizaciones civiles.

En el tema de niñez migrante, la secretaria técnica de Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Karina Arias, denunció que la iniciativa de ley es un “paso atrás” en la materia, pues resulta “persecutoria” y “discriminatoria”.

“En dicha propuesta no se reconoce el tema de la movilidad humana en sus diferentes manifestaciones, como son procesos de migración interna temporal o permanente, desplazamiento interno, migración internacional y asilo”.

Opinó que la iniciativa de ley adolece de garantías para que los niños gocen de sus derechos independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

El proyecto de ley “no tiene perspectiva de género, pues no se reconocen de manera diferenciada las problemáticas que viven niñas, niños y adolescentes, ni hay alusión al matrimonio temprano o a los derechos sexuales y reproductivos”.