Una década desaparecer contaminación del Río Sonora: ambientalista

México DF, 24 de agosto de 2014.- El derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico provenientes de una represa usada por la mina Cananea, «Buenavista de Cobre», en el Río Sonora dejará inhabilitado el afluente por aproximadamente 10 años, debido al alto nivel de contaminación que causó la fuga, así lo explicó en entrevista con Quadratín México, Enrique Omar Vélez Ruíz Gaitán, director de la consultoría ambiental «Revive México».

«Lo ocurrido en Sonora se puede considerar como uno de los ecocidios de mayor impacto en la historia de México, comparable únicamente con el derrame de petróleo en el Golfo y que imposibilitará el consumo del caudal entre cinco y diez años», sentenció el especialista.

Esto luego que el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, asegurara que en pocos días podría estar solucionado el problema, pues los niveles de contaminantes han disminuido con rapidez.

“Lo que le estamos diciendo es que sí ha bajado, que la Comisión Nacional del Agua monitorea diariamente y que en el momento en que esté listo para que el río se pueda utilizar, esto no va a durar mucho tiempo porque los niveles han bajado muy rápido, pero hablar de una semana o dos sería lo pertinente”, precisó el funcionario federal.

El ambientalista destacó que aunado al daño a la salud pública a aproximadamente 22 mil habitantes, como reconoció el gobierno federal, se debe contabilizar la vulneración severa que sufrieron las especies de flora y fauna terrestre y acuática que habitan la región, así como la erosión al suelo y el dispendio de agua para riego en la agricultura y ganadería.

«Sumado a los problemas de salud, este problema resultará perjudicial para la productividad de la zona y el sustento de sus habitantes, ya que quienes recurrían a usar el caudal del río para riego y alimentación de animales domésticos ya ni podrá hacerlo», precisó el experto.

Ante este panorama, el activista urgió a los legisladores a generar un marco normativo  que integre políticas ambientales preventivas contra las empresas que realizan actividades ambientalmente peligrosas, principalmente para el sector metalúrgico, ya que es se trata de una de las labores que más daña al medio ambiente, pero debido a su impacto económico resulta irrefrenable.

«Tenemos muchas normas que intentan controlar las descargas de las mineras, que buscan regular sus actividades pero no han sido contundentes, porque de lo contrario no estaríamos inmersos en este tipo de contingencias y el gobierno también debe ser muy cuidadoso sobre a quién le da permisos para operar en el país», advirtió Vélez Ruiz.

En torno al marco normativo, subrayó la necesidad de impulsar una Norma Oficial Mexicana Específica para la sustentabilidad minera, que deberá conciliarse con todos los actores involucrados como son: los gobiernos, dependencias gubernamentales, ambientalistas y la población que participa en la actividad metalúrgica.

Respecto a la petición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de suspender las actividades de Grupo México en el estado, agregó que lo ideal sería llevar a cabo una consulta pública de carácter regional para involucrar a las comunidades afectadas para que, emitiendo su opinión, avalen o desechen la presencia de las mineras que causaron daños a su entorno.

«Tenemos que preguntarle a los habitantes si después de lo que pasó quieren que siga trabajando la empresa en el lugar y que sean los pobladores quienes decidan si permitirán la continuidad de las actividades pero con mayor supervisión o definitivamente se retiren los permisos», concluyó.