MÉXICO, DF., 10 de octubre de 2015.- La carencia de un marco normativo que reconozca la vinculación entre los delitos ambientales y la delincuencia organizada ha impedido una efectiva actuación del Estado en contra de los traficantes de especies de flora y fauna, indicó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Informó en un comunicado que el director general de Delitos contra el Ambiente y Litigio, de la Profepa, Israel Alvarado, planteó la necesidad de impulsar una reforma legal en los países de  la región para considerar algunas expresiones de los delitos contra el ambiente como delincuencia organizada, toda vez que esta última figura permite el uso de mecanismos como el rastreo electrónico, las intervenciones telefónicas, las operaciones encubiertas y los usuarios simulados, herramientas fundamentales en  la lucha contra este flagelo.

Al participar en la Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques en las Américas, indicó que por el momento “tendríamos que ver la posibilidad de que las ganancias derivadas del tráfico de especies de vida silvestre y maderas se determine como delito de lavado de dinero y de esta forma echar a andar toda la maquinaria de la figura de la delincuencia organizada”.

Reconoció que se requiere de “voluntad política” de los Estados para dar atención similar a ilícitos como el tráfico de estupefacientes, acopio de armas y tráfico de personas”.

Sin embargo, pidió tomar en cuenta que en el tráfico de especies se utilizan los mismos insumos e incluso las mismas rutas que en el trasiego de drogas y armas.

En su oportunidad, Kodjo Attisso, integrante del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, destacó la importancia de la investigación financiera como herramienta para perseguir los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

Resaltó que se deben redoblar esfuerzos para sancionar a los delincuentes ambientales, pero también para congelar y confiscar los bienes producto de sus ilícitos, lo que hace necesaria la cooperación de las instituciones bancarias con las respectivas Unidades de Investigación Financiera de cada país, en la denuncia de operaciones financieras sospechosas.