Virgilio Andrade Martínez, nuevo secretario de la Función Pública

MÉXICO, DF, 3 de febrero de 2015.- El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública.

“Le he dado indicaciones de que reforcemos los procesos de control, fiscalización y auditoría del gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apegue a la ley y la ética”, señaló.

Desde el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario federal presentó un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés e instruyó una investigación sobre las casas de Lomas de Chapultepec, Malinalco e Ixtapan de la Sal.

En compañía del vocero del Gobierno de la República, Eduardo Andrade Sánchez, el titular del Ejecutivo Federal señaló que no obstante a los avances impulsados en la transparencia, su actuación se ha apegado al marco jurídico, pero recordó que hace unos meses se hicieron varios señalamientos sobre varios conflictos de interés en su gobierno.

En este sentido, aseguró que el conflicto de interés se da cuando los interés personales familiares o de negocios del servidor público, pudieran afectar su cargo o comisión. Esto declaró: «no ha ocurrido nunca en su gobierno o en cargos anteriores».

Agregó que siempre se ha conducido con apego a derecho, y sostuvo que no otorga contratos, ni obras, ni participa en comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Indicó que las contrataciones se sujetan a lo que marca  la ley y en estas no participa el presidente de la República.

Durante este discurso, Peña Nieto enumeró cada una de las acciones que instruyó al nuevo secretario de la Función Pública para combatir la corrupción y el conflicto de interés.

Primera. A Partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés.

«Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad, asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos, que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad», acotó.

Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública Federal, que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción.

«Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal, que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas», destacó.

Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.

Todas las dependencias y entidades de la Administración  Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.

Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno, lo cual dijo «reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios Federales y los particulares».

La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República, será más completa y detallada ya que señalará la causa de su sanción.

Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Y finalmente dio a conocer que pidió a la secretaría de Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra ventas de inmuebles de la esposa del mandatario federal, Angélica Rivera, del titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de la casa en Ixtapan de la Sal, propiedad del presidente Peña Nieto.

En el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo», dijo.

Al hacer uso d la palabra Virgilio Andrade, titular de la secretaría de la Función Pública destacó que frenar los espacios a la corrupción es, desde luego, una condición indispensable para otorgar confianza para fortalecer las condiciones de inversión, el comercio, y, por ende, favores las condiciones de la economía.

«Para consolidar un gobierno apegado a la legalidad, habremos de fortalecer todo tipo de acciones preventivas, oportunidades de mejoras y en su caso, correcciones que se sustenten en principios y prácticas internacionales en materia de fiscalización», apuntó.