A Presidente sólo puede enjuiciarse por delito grave: ex procurador

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre de 2019.- Ante el respaldo del Presidente de la República de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, supuestamente detenido el jueves 17 pasado en Culiacán, Sinaloa, Ignacio Morales Lechuga aseguró que la posible comisión de un delito por parte del Ejecutivo federal no se considera grave, concretamente en lo establecido en el Artículo 19 constitucional.

«El Presidente lo que ha dicho es: yo avalo los hechos, avalo la conducta de mis colaboradores, lo cual lo vincula administrativamente con esa acción, pero la idea de la comisión de un ilícito por liberar a un detenido es un delito que no es grave a la vista de la Constitución», explicó el ex procurador General de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En entrevista exclusiva para la Agencia Quadratín México, quien fungió como Embajador de México ante Francia de 1993 a 1995 subrayó que un Presidente de la República no puede ser enjuiciado por ningún delito, excepto que sea grave como traición a la Patria.

El ex Rector de la Escuela Libre de Derecho y ahora Notario Público 116 de la Ciudad de México reiteró que en el caso de la liberación de uno de los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, la inmunidad del titular del Ejecutivo federal lo protege de posibles acusaciones.

Sin embargo, el abogado consideró que el hecho gravita sobre dos cosas: la planeación y ejecución de la operación, donde está reprobado; y la detención de la operación y la reversa que se dio, en donde la mayoría está de acuerdo frente al error cometido de un operativo fallido y precipitado.

«Que esto deja un mal sabor de boca, sin duda alguna; que esto es el fracaso y el fin de la acción de Gobierno en contra del narcotráfico, tampoco me sumaría a considerarlo así», señaló de lo que simple y llanamente fue un fracaso total que exhibe a un gobierno con una característica de improvisación y un descuido sobre la aplicación del Estado de derecho.

Ignacio Morales Lechuga considera que este caso ya marcó el sexenio y particularmente la llamada Cuarta Transformación, donde incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera un impacto en la economía y al desarrollo a nivel nacional.

Tanto el FMI como los mexicanos, subrayó que desean seguridad pública y jurídica que es una obligación del Estado brindarla. «Nadie quiere la violencia, excepto los delincuentes que han dejado el saldo más grande de la historia en la cantidad de víctimas que han sufrido este año asesinato por ejecución», afirmó.