Amagan con desaparecer fideicomiso de estudiantes con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2020. — Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) se encuentran nuevamente en medio de la incertidumbre. El pasado 2 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación de acciones para reactivar la economía y aminorar el impacto de la pandemia, mediante el decreto que ordena la extinción de los fideicomisos, mandatos públicos y análogos, entre ellos se encuentra el Fideicomiso para el Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta, al que pertenece CAED.

Un fideicomiso público sin estructura orgánica análoga lo construye el gobierno federal a través de dependencias y entidades, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de administrar recursos fideicomitidos destinados al apoyo de programas o proyectos específicos (sin obligación de reportar ingresos ni gastos en el presupuesto de egresos). Con esta característica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) resguarda 22 fondos susceptibles a desaparecer, por carecer de una estructura.

El Fideicomiso para el Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizada y Mixta -que disponía de 144 millones 979 mil 582.78 pesos- fue creado para apoyar los servicios proporcionados a los estudiantes de los subsistemas de Preparatoria Abierta, Educación Media Superior a Distancia y Bachillerato Semiescolarizado, mediante asesorías académicas, aplicación de exámenes, reactivos (adaptación de exámenes para la población con discapacidad visual, intelectual y auditiva), cuadernos de secuencias didácticas, entre otros servicios. Y aunque ya es un hecho la desaparición, por decreto presidencial, aún falta darle la formalidad legislativa en la Cámara de Diputados (ya el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, propuso ayer en la Junta de Coordinación Política que se discutan reformas sobre desaparición de fideicomisos).

La falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y el uso discrecional del fideicomiso, fue el argumento utilizado por el presidente  de la República para elegir desaparecerlos. En esta parte todos los que deseamos transparencia y dejar atrás la opacidad en el manejo de dinero estaríamos de acuerdo con que exista una fiscalización, sí, pero sin necesidad de desaparecerlos.

Para todos sería saludable conocer los estados financieros, de qué manera se planea, programa, regula y ejecuta el gasto y ejercicio de los recursos públicos por concepto, por ejemplo, de los miles de exámenes que se presentan durante un año en Prepa Abierta. Cómo opera la recaudación del dinero proveniente de los bolsillos de los estudiantes para el pago de los servicios por concepto de reposición de exámenes y certificados, el mantenimiento, materiales de apoyo educativo, entre otros servicios.

Ya en este punto y ante la necesidad de inmediatez del gobierno por manejar los recursos financieros, no hubo tiempo de analizar una propuesta de regulación para su transparencia y rendición de cuentas, no existió ni evaluación ni diagnóstico. Las autoridades hacendarias ignoraron la posibilidad de trabajar en una propuesta o ley general de fideicomisos que precisara las obligaciones de los servidores públicos, que estableciera instrumentos jurídicos para la rendición de cuentas y sólo optaron por extinguir el fideicomiso, sin más.

La voz de reclamo de un sector vulnerable, con es el de estudiantes con discapacidad, no fue tratada igual que la de los cineastas o deportistas, a ellos sí se les atendió y se llegaron a acuerdos para evitar que su fideicomiso desapareciera. 

Hasta aquí estaríamos de acuerdo en terminar con los secretos bancarios y fiduciarios e impulsar la obligación de reportar todos los ingresos y cómo se distribuyen los gastos, para evitar que de pronto, de la nada nazcan decretos presidenciales para tapar un hoyo y destapar otro. 

Ante este escenario, las autoridades aún no definen, por lo menos eso han dicho, la manera en que se instrumentará dicho decreto, pero si el nuevo escenario no responde a las necesidades educativas de los estudiantes con diversas discapacidades se estaría incumpliendo el artículo 35 de la Ley General de Educación que establece que “la educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley”, así como el artículo 64 que establece que en “la aplicación de esta ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación”.

Aunque los CAED dependen administrativamente de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), unidad encargada de generar los pagos a los asesores, existen “colaboradores voluntarios” de la Dirección General de Bachillerato que sí dependen de ese fideicomiso y están siendo afectados por el decreto. Por ello, sería también una buena oportunidad para impulsar un nuevo contrato o convenio de colaboración que respalde la relación con la SEP y garantice los derechos laborales básicos, para quienes trabajan sin ninguna garantía y dejen de ser calificados como “colaboradores voluntarios” y sean trabajadores con derechos. 

¿CAED se quedará sin recursos para responder a los diversos servicios que brinda Prepa Abierta a miles de estudiantes? ¿Se recibirán los apoyos ahora de manera directa sin esos instrumentos de intermediación? Urge una respuesta de las autoridades para garantizar los derechos tanto de alumnos como de asesores que hoy están a la deriva.