CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2021.- Para Morena en el Senado de la República, el Decretazo Presidencial es legal; sin embargo, en apertura y sin imponer su mayoría legislativa junto con partidos aliados, la Presidencia de la Mesa Directiva someterá a análisis y consulta jurídica la petición de 53 senadores para interponer controversia constitucional en contra del Acuerdo del Ejecutivo federal.

La petición que los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y del Plural entregaron a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, en términos de la representación legal que ostenta, es para interponer esta figura en contra del acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.

En debate, la bancada albiazul reiteró su solicitud, de manera respetuosa pero enérgica a la vez, a la Presidenta de la Mesa Directiva para ser atendido y poder presentar una acción como la que se pretende de la controversia constitucional que recae en la senadora Olga Sánchez Cordero.

Arropado por los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto, insistió que el Decreto vulnera la Constitución y el Derecho de Acceso a la Información. “Este decreto viola la facultad reglamentaria que establece el artículo 89, fracción primera, no puede en ningún caso el acordar cosas para que se hagan más allá de lo que la ley establece”, arguyó.

“La seguridad nacional se establece y define precisamente en el artículo 5 de la ley, y establece como seguridad nacional: las amenazas, y ninguna obra está contemplada como una amenaza, ni ninguna acción de la que se establece en el acuerdo”, indicó durante su intervención en tribuna.

“Este acuerdo se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución Política nacional; es un atentado directo al principio de la división de poderes”, expresó el senador Noé Castañón a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“Este acuerdo excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo federal y legisla en materia de obras y asignaciones facultad exclusiva de este Senado y su homóloga, la Cámara de Diputados, se está vulnerando el estado de derecho, se está introduciendo en la vida interna y facultades de esta Cámara”, agregó el emecista.

Al finalizar el debate sobre este tema, la Ministra en retiro explicó: “quiero tener una opinión jurídica de nuestro órgano jurídico, con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional”. 

Manifestó que su duda es fundada y le dará puntual respuesta a esta petición, e informó que ya instruyó para que se realice el estudio jurídico correspondiente, pues, “no tengo una respuesta sobre la legitimación de este Senado para presentar la controversia”.

Refirió que la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad, se puede iniciar con el 33 por ciento de las y los senadores de la Cámara, y versaría sobre si el acuerdo vulnera o no los artículos 6, 49 y 134 de la Constitución Política.

La presidencia de la Mesa Directiva representa la unidad del Senado, lo que implica escuchar a todas y a todos, “pero la unidad también se mantiene siguiendo los procesos legales, yo quiero ser muy transparente con ustedes”, sostuvo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, asentó que el acuerdo del Ejecutivo tiene “una razón válida” para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se requiere respaldar a las regiones rezagadas. 

Para el líder morenista el acuerdo impulsa el desarrollo sostenible, protege al medio ambiente, pero también busca agilizar los trámites, a fin de evitar que, por cuestiones burocráticas, se detengan las obras, y que al mismo tiempo se le otorgue confianza a los ciudadanos, instituciones y empresas que realizan estos proyectos.

Subrayó que alrededor de 80 legisladoras y legisladores que no están de acuerdo con que la presidenta de la Mesa Directiva presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República.

Dicha manifestación, explicó el senador, se sustenta en el hecho de que la interposición de algún medio de impugnación requiere un análisis previo, por el área jurídica competente, que pondere los argumentos orientados a sustentar la procedencia de la figura presentada.