Analizarán comisiones de San Lázaro reforma electoral panista

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo (Quadratín México).- Las comisiones de la Cámara de Diputados analizarán la propuesta de reforma constitucionales en materia electoral, que entre otros puntos prevé la creación del Instituto Nacional de Electores y aumentar las causales para la nulidad de comicios, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

La propuesta fue presentada en tribuna por el diputado federal Jorge Villalobos Seañez en la sesión de hoy, y pretende modificar los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la Constitución, y fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Villalobos Seañez dijo que el objeto de la iniciativa es fortalecer el sistema electoral y que para ello se propone crear el Instituto Nacional Electoral (INE) que asumiría funciones del actual IFE y de los órganos electorales locales como declara la validez y otorgará las constancias en las elecciones de gobernadores y Jefe de Gobierno.

Asimismo se propone que el INE cuente con un Contraloría General, cuyo titular sería designado (da) por la Cámara de Diputados a propuesta de instituciones públicas de educación superior.

La iniciativa panista contempla facultar al Consejo General del INE para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos nacionales y locales, así como para establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones.

Asimismo dicho consejo no estará limitado por los secretos bancarios, fiduciarios y fiscal para realizar sus funciones de fiscalización de recursos públicos que se hayan destinado indebidamente a partidos políticos, precampañas o campaña electorales.

Por separado, el diputado panista y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Fernando Rodríguez Doval consideró que la reforma es necesaria debido a que los institutos electorales estatales se han vuelto autoritarios, sin independencia de los gobernadores en la práctica.

Explicó que la propuesta también otorga al Instituto Nacional Electoral mayores capacidades de fiscalización, así como autonomía a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuyo titular sería nombrado por el Senado.

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