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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril (Quadratín México).- Integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Hacienda del Senado aprobaron por mayoría las reformas para regular las deudas de estados y municipios en el país.
La propuesta avalada se deriva de siete iniciativas de diversos senadores y pretende establecer candados para evitar el alto endeudamiento estatal y municipal, así como establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raúl Cervantes, informó que hoy mismo se enviará el dictamen a la Mesa Directiva del Senado a fin de que se considere su inclusión en el orden del día para su eventual primera lectura, discusión y en su caso aprobación, la próxima semana ante el pleno legislativo.
La reforma avalada este día en el seno de las comisiones unidas faculta al Senado de la República a aprobar o, en su caso, objetar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda.
En el dictamen, que modifica diversos artículos de la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, se establece que los senadores, a través de la Comisión de Hacienda, podrán analizar los convenios que esos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el Gobierno Federal para tener acceso al mecanismo de deuda estatal garantizada.
Se explica que después de analizar dichas estrategias, el Senado podrá objetarlas si considera que no son viables, además prevé que los municipios con niveles elevados de deuda que suscriban este tipo de convenios, deberán informar al respecto a este órgano legislativo.
Asimismo, la Cámara de Senadores conocerá los acuerdos suscritos por estados que no tengan niveles elevados de endeudamiento, pero que buscan acceder a este mecanismo para reducir el costo financiero de su deuda.
Al respecto, los senadores aclararon que esta intervención no vulnera el pacto federal, pues “la sanción del Senado es excepcional y su participación es resultado de la voluntad manifiesta de las entidades federativas, además de que el Gobierno Federal otorga su garantía”.
Precisaron que al otorgar la garantía federal, automáticamente los recursos que los estados y municipios lleguen a obtener por este mecanismo, “se vuelven asunto de la Federación”.
En el texto del dictamen se destaca que se desechó la idea de que el Senado condicione o autorice la contratación de financiamiento de estados y municipios, ya que ello vulnera el diseño federal y politizaría esta situación y desvirtuaría su naturaleza.
Por otro lado, los senadores acordaron facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, las cuales deberán contemplar el manejo sostenible de las finanzas públicas con principios de equilibrio presupuestario, así como la sostenibilidad financiera.
En el debate, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), José María Martínez, calificó los cambios de “cosméticos” al argumentar que “no existen los suficientes controles y mecanismos de transparencia que eviten se repitan casos como Coahuila”.
Dijo que si bien el dictamen incluye avances como la facultad del Congreso para establecer leyes generales en materia de deuda a estados, así como la obligación de inscribir y publicar la totalidad de la deuda pública y obligaciones municipales en un registro único, quedaron fuera diversas propuestas que presentó su partido.
Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna, expuso que “no es correcto decir que no se hizo nada. Se hizo mucho. Le metimos orden a la deuda, que es correcta cuando aumenta la infraestructura de estados y municipios”.
De su lado, la senadora Diva Hadamira Gastelum, también del PRI, afirmó que “Fuimos al fondo de este asunto”.
Mario Delgado, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que no se hubiera contado con la información completa por parte de las autoridades hacendarias, ya que “esa información nos hubiera permitido tener un diagnóstico más completo”.
El también perredista Alejandro Encinas Rodríguez expuso que “no se atendieron requerimientos de las autoridades hacendarias, aduciendo el secreto bancario” para tener un diagnóstico completo del problema de la deudas que enfrentan estados y municipios.
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