Arsenal

Blindaje legislativo a los narcopolíticos.

Una iniciativa para sancionar, hasta con la pérdida del registro, a partidos que reciban financiamiento del crimen organizado o postulen candidatos del narco fue planteada por Ricardo Monreal para este periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.

Una voz autorizada de Morena, quien habló a condición de no ser citada, nos dijo, sin embargo, que al coordinador de la bancada guinda en el Senado “no lo dejaron…”.

No mencionó expresamente quién impidió la llegada de la iniciativa al Congreso de la Unión, pero no se necesita un sesudo análisis para deducirlo.

Iniciativas en el mismo sentido han sido presentadas por el PAN y el PRI sin que hayan sido tomadas en cuenta.

Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, recordó que, hace más de un año, su partido puso sobre la mesa el problema político-electoral más grave: la intervención del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y la injerencia que tienen los gobernantes.

“Para muestra, el caso Rocha Moya, que es vergüenza nacional”, ilustró. Recordó que su partido ha propuesto, sin éxito, la pérdida del registro a partidos que se financien con dinero del crimen organizado, sanciones penales y nulidad de elecciones para quien postule a un narcopolítico.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el vicefiscal general, Dámaso Castro, también con licencia, acudieron a los locales de la FGR carnal en Culiacán para declarar sobre las imputaciones de nexos con el narco que les hizo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Rocha se siente tranquilo y confiado de que será exonerado. Sabe que la FGR tiene color guinda y que está protegido, por ahora.

Luego de comparecer, subió a su cuenta de X un mensaje en el que afirma:

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora en el momento que juzgue necesario.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia que el Movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando”.

¿Y cómo no va a creer en la justicia mexicana si está en manos de los “jueces del bienestar”?

Va una definición de justicia selectiva: es la aplicación sesgada de la ley, donde las autoridades eligen arbitrariamente a quién investigar, procesar o castigar.

Se basa en el poder, el estatus o los intereses políticos en lugar de la igualdad ante la ley.

¿Le suena?

Y es que ayer llegó a la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Diez diputados locales de Morena la acusan de haber permitido que agentes de la CIA participaran en la destrucción de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, con participación de agentes de la CIA, lo que constituye “violaciones graves a la Constitución y a la legislación”.

La gobernadora panista está citada a comparecer este miércoles a las 10 de la mañana ante la FGR en Ciudad Juárez. No tiene obligación de asistir, pero ella quiere “dar la cara”. En su opinión, es una persecución política con doble rasero, comparado con el caso Rocha Moya.

La muy polémica y sospechosista iniciativa sobre la causal de nulidad por injerencia extranjera puede sufrir modificaciones. “Estoy abierto para poder aceptar las que sean pertinentes”, dijo ayer el diputado Ricardo Monreal, autor oficial de la iniciativa.

En conferencia de prensa celebrada después de la reunión de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro, precisó que la iniciativa puede “mejorar, aclarar, enriquecer las causales para la procedencia de la nulidad. La iniciativa ha sido duramente criticada por opositores del oficialismo. Personalmente, estoy convencido de que Morena se está pertrechando ante eventuales derrotas en las elecciones intermedias de 2027.

Le preguntamos a Monreal cuáles serían los límites para determinar que hubo injerencia extranjera en las redes sociales. Respondió: “Primero, que sea determinante. Tiene que haber pruebas fehacientes de que haya influido en el resultado electoral”.

—¿Quién determina si tal o cual intervención extranjera influyó en el resultado electoral? —preguntamos.

—El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —respondió.

—Pero el tribunal está controlado —insistimos.

—Bueno, pues si partimos de eso, entonces nadie puede. Es falta de seriedad todo eso. Entonces ya no se puede hacer nada.

“Yo sí creo en el Tribunal. No está controlado y está integrado por personas probas y honestas”, aseguró.

¿En serio