Se disparan 45% agresiones contra la prensa en México: Article 19

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de septiembre de 2020. — Article 19 documentó 406 agresiones contra periodistas y medios de enero a junio. Esto representa un incremento del 45 por ciento en comparación con las 280 agresiones documentadas durante el mismo periodo en 2019. Dicho de otra manera, actualmente se agrede a la prensa cada 10.75 horas.

De acuerdo al registro de la organización publicado este lunes, con 609 agresiones, el 2019 –primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador– fue el año más violento contra la prensa en la última década. Sin embargo, en los primeros seis meses de este año ya se alcanzó el 66 por ciento de este infame récord. Como comparativo, este primer semestre de 2020 ya superó el total de agresiones documentadas en todo 2015. De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Article 19 tiene registro.

Los ataques en la primera parte 2020

Siguen matando a periodistas. Article 19 documentó el asesinato de dos periodistas de enero a junio: María Elena Ferral, el 30 de marzo en Veracruz, y Jorge Armenta, el 16 de mayo en Sonora. En total, son 4 asesinatos en 2020, considerando los casos de Pablo Morrugares, asesinado el 2 de agosto en Guerrero, y Julio Valdivia, asesinado el 9 de septiembre en Veracruz. Éste último ocurrió apenas la semana pasada. Con estos, suman 15 periodistas quienes perdieron la vida por su labor bajo la actual administración. 

Las principales agresiones contra periodistas y medios registradas en 2020 son amenazas, intimidaciones y hostigamientos, así como bloqueos informativos y alteraciones de contenido:

96 amenazas, de las cuales 40 fueron amenazas de muerte. Esto representa un incremento de más del 26 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 

91 casos de intimidaciones y hostigamientos, lo que implica un incremento del 40 por ciento. En particular, las campañas de desprestigio se duplicaron. Con 36 agresiones, casi llegan al total de 39 registradas a lo largo de todo el año pasado.

Los bloqueos informativos y alteraciones de contenido registrados ascendieron a 61 casos, lo que representa una duplicación de éstos.

Se registraron 47 ataques físicos. Lo que implica un preocupante aumento del 80%, dada la vulnerabilidad que este tipo de agresiones representan para la integridad física de periodistas en México.

Los estados más violentos

Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo son los cinco estados con más agresiones documentadas en el primer semestre del 2020. Dichas entidades concentran el 48 por ciento de las agresiones totales, es decir, casi la mitad del total.

La Ciudad de México pasó de 27 a 64 agresiones, comparado con el mismo periodo en el 2019. De estas, casi el 30 por ciento fueron cometidas por funcionarios del gobierno federal. A propósito, las agresiones de autoridades del gobierno federal casi se triplicaron a nivel nacional.

Con 49 agresiones, Puebla resalta con enorme preocupación, dado que pasó de ser el décimo al segundo estado con más agresiones contra la prensa. En lo que va del año Article 19 ha emitido siete alertas vinculadas a agresiones contra periodistas perpetradas por funcionarios públicos en el estado.

Comparando con los primeros seis meses del año pasado, Oaxaca reportó un número similar de agresiones pasando de 33 a 32. Veracruz redujo de 33 a 26 los casos documentados. Este último acaba de llegar a 30 asesinatos de periodistas desde el año 2000.

Los causales de la violencia

Algunos factores que propagan el crecimiento de las agresiones son la intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público, particularmente vinculado a la pandemia, la represión de protestas, así como la captura del poder público por el crimen organizado. 

Con 199 agresiones documentadas, casi 1 de cada 2 agresiones es perpetrada por funcionarios públicos. Como Article 19 reportó en su informe especial sobre Covid-19 y libertad de expresión, uno de los factores que propicia esto es la negativa de los gobernantes a responder preguntas o recibir críticas sobre su manejo de la pandemia. Durante este primer semestre Article 19 documentó al menos 68 agresiones contra periodistas y medios durante la cobertura de la pandemia. 

En este sentido, existe un efecto multiplicador donde la misma estrategia del gobierno de Andrés López Obrador se repite en los estados. En vez de fungir como espacios de diálogo o de transparencia informativa, tanto el presidente como los gobernadores utilizan las conferencias de prensa, en temas generales y de la salud, para estigmatizar y denostar a la prensa. En Baja California, Jaime Bonilla y su equipo son responsables de al menos 11 bloqueos y estigmatizaciones contra medios críticos. El gobernador ha llamado mentirosos a quienes investigan y disputan los datos presentados sobre el manejo de la pandemia. En Puebla, 25 agresiones, poco más del 50% del estado, son vinculadas directamente al gobierno de Miguel Barbosa quien rechaza preguntas de medios quienes le han cuestionado.

También existe un componente de género en incremento de la violencia. Los ataques contra las mujeres periodistas casi se duplicaron, pasando de 56 a 111. Así mismo, las agresiones en el transcurso de coberturas de movimientos sociales o protestas, entre estos los movimientos de mujeres exigiendo justicia, representan más del 16% de las agresiones. 

Finalmente, preocupa a Article 19 el rol de la delincuencia organizada en la violencia contra la prensa. Quintana Roo, Guerrero, Baja California y Sonora presentan altos porcentajes de agresiones por crimen organizado. Los asesinatos, la desaparición de un periodista por más de 48 horas, y las amenazas de muerte por grupos del crimen organizado son una constante en regiones donde la frontera entre el gobierno y el crimen organizado se vuelve difusa. 

En vista de lo anterior, Article 19 urge a los gobiernos federales, estatales y municipales el revertir esta tendencia de violencia. Las obligaciones del Estado en materia de protección a periodistas requieren materializarse en una actuación diligente y eficaz para evitar los asesinatos y el aumento de otros ataques contra la prensa en razón de su labor:

Reitera la necesidad de fortalecer las estructuras existentes de protección de periodistas como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Llama a desarrollar políticas públicas integrales para garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo. Entre estas debe incluirse la abstención de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa y que la ubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad.

Exige a la Fiscalía General de la República que ejerza de forma diligente la facultad de atracción que le ha sido conferida, particularmente en aquellos casos de más graves delitos contra la libertad de expresión. De la misma manera, exige a las fiscalías estatales investigar con la debida diligencia para identificar y conducir ante los órganos judiciales a los responsables de agresiones contra la prensa. Para ello los órganos de investigación deben aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.