CIUDAD DE MÉXICO., 24 de octubre de 2021.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que a un año de haberse establecido el Consejo de Asuntos Internos, 48 servidores públicos han sido investigados por diversas causas administrativas y, luego de tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias, 43 de ellos fueron sancionados.

De ese universo, 20 personas fueron destituidas de su cargo, 12 fueron suspendidas y 11 amonestadas.

Cabe que resaltar que a cinco servidores públicos no se les encontró responsabilidad administrativa alguna, tras llevarse a cabo las investigaciones correspondientes.

Debido a las investigaciones que están en curso se ha suspendido temporalmente a 76 servidores públicos, de los cuales, 42 son agentes del Ministerio Público, 21 Oficiales Secretarios, ocho responsables de Agencia y cinco peritos.

Entre los casos relevantes se registra el ocurrido en diciembre de 2019, cuando la evaluación realizada en la cual se detectó que un agente del Ministerio Público había torturado psicológicamente a una persona para que se declarara culpable.

Además, pudo no haber realizado las investigaciones necesarias para esclarecer un homicidio, ya que habría omitido recopilar datos para la investigación al considerarlo innecesario.

También se presume un mal uso de la información vulnerable de los casos y habría ordenado a su oficial secretario manipular información de varios oficios.

En la misma evaluación, cuando fue practicada a una agente del Ministerio Público se pudo conocer que ella se llevaba las carpetas de investigación a su domicilio, así como información en formatos físico y digital; incluso, habría aprovechado su posición como funcionaria para obtener beneficios económicos, posiblemente al vender, filtrar y alterar la información.

En otro hecho, un Oficial Secretario pudo haber solicitado dinero en efectivo a una persona, a fin de liberar a un detenido que se encontraba en la agencia del MP Iztacalco 3, por el delito de portación de objetos aptos para agredir.

También, en septiembre de 2020, una agente del Ministerio Público habría solicitado dinero en efectivo a los padres de una víctima fallecida, a fin de entregarles copia de la carpeta de investigación; además, para la entrega del cuerpo, pudo haberlos condicionado a contratar los servicios de una funeraria en específico.

Por no haber investigado, en octubre de 2020, un caso de violencia familiar con perspectiva de género y no clasificarlo de forma adecuada como posible tentativa de feminicidio, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía en Xochimilco fue destituido, además, pudo haber omitido nombrar un asesor jurídico para la víctima y exponerla con los familiares de la persona agresora.

En otro caso es el de un agente del Ministerio Publico de la Fiscalía en Iztapalapa, quien pudo haber contribuido en la liberación indebida de una persona que fue detenida por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, ya que habría determinado que la sustancia hallada al investigado no era psicotrópica; sin embargo, el análisis pericial al indicio determinó que se trataba de Clobenzorex, una sustancia psicotrópica.