Ataca GCDMX capacidad financiera de organizaciones criminales

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2018.- El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la implementación de una estrategia para contribuir, de manera eficaz y eficiente, en la integración de la información fiscal y patrimonial de las organizaciones criminales, a fin de proceder al embargo de bienes, objetos, productos o instrumentos obtenidos de manera ilícita y así atacar su capacidad financiera.

En conferencia de prensa se informó que mediante figuras jurídicas como la extinción de dominio, el decomiso y el aseguramiento de dichos bienes, obtenidos con recursos provenientes de los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, narcomenudeo, despojo y otros, se busca prevenir, investigar, perseguir y destruir la estructura delincuencial.

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, señaló que en las mesas interinstitucionales, que serán coordinadas por el secretario de Gobierno (Secgob), Guillermo Orozco Loreto, se trabajará con secrecía y homologación de protocolos de investigación de manera integral para afectar la capacidad financiera de la delincuencia e impedir que sigan obteniendo bienes y ganancias ilícitas.

Expuso que la estrategia en la que participarán la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Contraloría General (CG) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur), tiene sustento en el seguimiento de los delitos que generan ganancias a las organizaciones criminales como el secuestro, extorsión, robo de vehículos, despojos, trata de personas y narcomenudeo, principalmente.

El mandatario capitalino expuso que los ejes de actuación se fundamentan en reuniones constantes para el intercambio de información, mediante el uso de la tecnología, que coadyuve a impactar en las estructuras delincuenciales e impulsar metodologías que permitan generar un frente único de combate a la delincuencia, mermando su capacidad operativa y financiera.

Para ello, se generará un esquema administrativo y judicial enfocado a retirar esos bienes ilícitos, a través de las figuras de extinción de dominio, en coordinación con instancias federales, así como mediante la acción precautoria del decomiso y aseguramiento, para generar la apropiación de esos bienes y ponerlos a disposición de objetivos nobles de acompañamiento social.

Agregó que es necesario generar un camino desde la prevención, la detección, intervención y el uso de mecanismos de inteligencia para retirar del dominio de las organizaciones delictivas los bienes de procedencia ilícita, acompañando el procedimiento administrativo y de judicialización con la acreditación de los delitos y conductas.

Subrayó que el éxito y eficiencia de esta estrategia va aparejado a las carpetas de investigación, para generar las determinaciones judiciales que garanticen que la persona que delinque permanezca en prisión y reciba una sentencia ejemplar y proporcional al daño que causó a la sociedad.

Guillermo Orozco Loreto, titular de la Secgob, refrendó su compromiso de combatir de manera frontal la estructura financiera de la delincuencia, a través de la coordinación de esta estrategia en la que cada área expondrá y llevará a cabo los objetivos específicos que realizará para tal fin.

Edmundo Porfirio Garrido Osorio, titular de la PGJ, indicó que a través de las mesas interdisciplinarias de trabajo se obtendrá información de inteligencia que permitirá mediante diversas figuras jurídicas, afectar la estructura financiera de los grupos criminales.

El consejero Jurídico, Vicente Lopantzi García, comentó que intervendrán de manera activa e inmediata en las peticiones de los Ministerios Públicos en el resguardo de los folios que involucren algún bien inmueble que haya sido adquirido con recursos de procedencia ilícita, con la finalidad de que éste no pueda ser usado en un acto mercantil y se diluya el recurso económico.

El contralor general, Eduardo Rovelo Pico, sostuvo que además de contribuir a trazar una política que permita la afectación de la economía de la delincuencia, la dependencia a su cargo verificará que ningún servidor público incurra en la proporción de información, datos y participación con actividades de la delincuencia.

Lilia García Galindo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Ciudad de México, afirmó que continuarán con la verificación de la legal importación de la mercancía de procedencia extranjera, para apoyar a la economía formal y eliminar la informal que lacera a la sociedad.

Freno a salida de delincuentes

El Jefe de Gobierno destacó que a partir de julio pasado se ha contenido la salida de población penitenciaria, concretamente en el caso de personas que vuelven a delinquir, promoviendo acciones para no otorgar beneficios para su liberación.

Expuso que la SSP y la PGJ impulsaron un modelo de inteligencia y actuación para detener a esas personas que volvían a delinquir, integrando más carpetas de investigación, situación que redundó en resultados positivos y ha contribuido a reducir la impunidad.

Los números que reflejan el freno de los egresos de la población penitenciaria, agregó, son coincidentes con el esfuerzo de ambas instancias para investigar y detener a personas que cometen delitos como narcomenudeo, patrimoniales, lesiones, robo a transeúntes, en el Metro, en negocios, homicidios dolosos, violación y robo a casa-habitación, entre otros de alto impacto que afectan la vida cotidiana.

Expuso que dichas detenciones derivaron de un acuerdo para que las personas que volvían a delinquir fueran presentadas, se les integrara carpetas de investigación, permanecieran en reclusión y se les negara el beneficio de un juicio en libertad por representar un peligro para la sociedad.