Atender pobreza con enfoque de dignidad humana, no sólo económico: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2018.- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza -17 de octubre- la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó la importancia de reconocer que la pobreza es un fenómeno multidimensional que rebasa al aspecto económico, al reproducir patrones de exclusión social y discriminación que transgreden la dignidad de las personas, e insiste en atenderle como causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con el Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la región de América Latina y el Caribe continúa siendo la más desigual en el mundo, en 2014, el 10 por ciento de la población acaparaba el 71 por ciento de la riqueza y solo el 1 por ciento poseía el 40 por ciento de ésta. En México, durante 2016, según información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se identificaron 53.4 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales, 9.4 millones estaban en pobreza extrema, es decir, presentaban al menos tres carencias sociales, ya sea de acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a los servicios básicos de vivienda, a la alimentación o, a la calidad y espacios de la vivienda.

Este Organismo Nacional llama la atención sobre la difícil realidad de las personas que viven en pobreza, toda vez que, aunado a los distintos obstáculos físicos, económicos, sociales y culturales que enfrentan, son objeto de distintas privaciones como el acceso a un trabajo digno, a los sistemas de protección social, a la atención de la salud, a condiciones de vivienda salubres, a la educación y a la participación en la toma de decisiones, situaciones que restringen el ejercicio de sus derechos y, generalmente, perpetúa los ciclos de pobreza en las generaciones futuras.

Al considerar que la pobreza no es solo un indicador de la situación económica de un país, sino un asunto de dignidad humana, la CNDH impulsó en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la realización del estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1° constitucional. El Estudio recomienda buenas prácticas que pueden adoptar los gobiernos federal y estatales; resalta la importancia de contar con una política fiscal que posibilite la asignación del máximo de recursos disponibles para garantizar y promover el pleno goce y ejercicio de los derechos; y transparentar en el presupuesto, la evolución progresiva del gasto, para lograr un efecto redistributivo.

Acorde a los estándares internacionales, las obligaciones de las autoridades en relación con el flagelo de la pobreza se vinculan de manera estrecha con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin soslayar su interdependencia con los derechos civiles y políticos. Ello demanda su realización prioritaria, reconociendo que, al ser consustanciales al desarrollo sostenible, los Estados deben asegurar su realización para las generaciones futuras.

Es de resaltarse que los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos adoptados en 2012 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se destaca que el enfoque de derechos humanos proporciona un marco para erradicar la pobreza a largo plazo, partiendo del reconocimiento de las personas como titulares de derechos y agentes de cambio; afirma que se deben generar instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos, presupuestarios y reguladores, políticas, programas y medidas afirmativas concretas en los ámbitos vulnerables a la pobreza.

En ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este Organismo Nacional alienta a las autoridades a fortalecer sus acciones en combate de la pobreza, en estrecha cooperación con los organismos especializados de los Sistemas Universal e Interamericano, además de saludar el primer aniversario de la creación de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) por la CIDH, alentando al fortalecimiento y apoyo de dicho mandato clave para la promoción y protección regional de los DESCA.