Aumentan en 31% denuncias por lavado de dinero y facturas falsas

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre, 2019.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha analizado operaciones ilegales de empresas fachada, lavado de dinero y facturas falsas, por lo que se han aumentado en un 30 por ciento las denuncias penales.

Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, y Santiago Nieto Castillo titular de la UIF, están colaborando con un modelo diseñado para detectar casos de posible defraudación fiscal y alertas de lavado de dinero.

En una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional este martes, ambos funcionarios revelaron el proceso que se realiza para detectar empresas irregulares, por medio de una muestra de mil 944 factureras.

Los funcionarios explicaron que se han multiplicado un 30 por ciento las denuncias penales presentadas en los últimos cuatro años.

En el año 2015 solamente se tenían solo dos denuncias presentadas por el delito de expedición o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, de acuerdo al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación.

En el año 2019 suman 174 denuncias presentadas, y 130 más que se encuentran en proceso de preparación para ser formalmente interpuestas.
Santiago Nieto comentó que los modelos de operación de las empresas ilegales son diversos, donde sobresalen casos de jóvenes que son accionistas de operaciones millonarias, que para las autoridades son una alerta.

Por su parte, la jefa del SAT detalló que los principales países donde se distribuye el dinero de las empresas fachada es a China, Hong Kong, Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido, Singapur, Corea del Sur, Uruguay, España, entre otros.

Ríos-Farjat apuntó que es muy probable que estás empresas que reiteradamente hacen estás transacciones, posiblemente buscan fomentar una especie de financiamiento ilegal en el exterior, puesto que el dinero ni siquiera se queda en México.

Entre los principales hallazgos detectaron, del proceso que arrancó desde junio pasado, que la mayoría de los socios son accionistas jóvenes, padres de familia y educados, por lo que constituyen indicios de lavado de dinero.

Por su parte, Carlos Romero Aranda, pocurador Fiscal de la Federación exhortó a regularizar la situación de las empresas porque a partir de enero del 2020 las operaciones serán sancionadas como delincuencia organizada, de acuerdo a la reforma que aprobó el Poder Legislativo.