Avalan acciones para nuevo código de procedimientos civiles y familiares

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero de 2025.- El Consejo de la Judicatura y la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México aprobaron un Acuerdo que permitirá continuar oportunamente con los procesos de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sin demeritar la calidad de los servicios de impartición de justicia ni causar afectaciones mayores a la base trabajadora, continuando con las actividades de modernización del Poder Judicial de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, el PJCDMX refirió que, desde antes de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha trabajado ininterrumpidamente en la implementación e instrumentación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, así como en uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades jurisdiccionales, con el fin de garantizar mejores condiciones de acceso a la justicia igualitaria y sin discriminación para todas las personas.

La Ciudad de México es la primer Entidad Federativa en el país que aplica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, constituyendo un referente en las nuevas metodologías para el desarrollo de los Sistemas de Justicia Oral y Digital, así como el Modelo de Gestión, que se convertirán, a corto, mediano y largo plazo, en un paradigma moderno, sencillo y eficiente en la solución efectiva de controversias, ejemplo de paz y estabilidad social.

Resaltó la importancia de generar condiciones óptimas que permitan la implementación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, reduciendo las afectaciones a las y los justiciables durante esta transición. Sin embargo, la insuficiencia de recursos presupuestarios; la necesidad imperante de capacitar a las personas magistradas, juzgadoras, personal judicial, así como abogadas y abogados postulantes; el arraigo de prácticas artesanales en los órganos jurisdiccionales; el lento proceso de asimilación de los nuevos paradigmas del Sistema de Justicia Oral y Digital por personas abogadas y servidoras públicas; la excesiva carga de trabajo; entre otros factores, han generado diversas problemáticas en el ambiente laboral y la prestación de los servicios de impartición de justicia.

Con este fin las acciones autorizadas por el Consejo de la Judicatura, en síntesis, son las siguientes:

1. Presentar al Congreso de la Ciudad de México una propuesta de modificación a la Declaratoria de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, únicamente por lo que
   se refiere a la segunda y tercera etapa.
2. Suspender el proceso de extinción de órganos jurisdiccionales, en lo que se refiere únicamente a la segunda y tercera etapa, ajustándolo a las fechas señaladas en la modificación a la
   Declaratoria de Vigencia, con el fin de agotar la primera etapa y generar mejores condiciones que permitan continuar con las subsecuentes etapas y procesos de extinción, conforme a los
   ajustes al Plan de Trabajo que se determinen, generando el menor impacto posible al trabajo jurisdiccional.
3. Continuar con la aplicación del Código Nacional de la Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, en su primera etapa vigente hoy en día, así como con los procesos de asignación y reasignación de expedientes que, durante esa etapa, hayan sido remitidos de juzgados extintos a juzgados receptores.
4. Consolidar la integración y vinculación de los expedientes, tocas y cuadernos de constancias digitales, con el fin de que las personas magistradas, juzgadoras, abogadas postulantes,
   justiciables y público en general, cuente con estos documentos electrónicos en forma segura e íntegra.
5. Construir estándares de calidad y productividad por órganos jurisdiccionales, personas juzgadoras y unidades de gestión, con el fin de elevar la eficiencia y calidad de los servicios que prestan, y contar con información que permita implementar la segunda y tercera etapa de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar, y el combate a las cargas de trabajo en juzgados tradicionales de proceso escrito y oral, en mejores condiciones.
6. Garantizar el perfeccionamiento de los sistemas y plataformas electrónicas que integran el Sistema de Justicia Digital del Poder Judicial de la Ciudad de México, en todos los órganos jurisdiccionales, especialmente el expediente electrónico en primera y segunda instancia, Oficialía de Parte Virtual, Juicios en Línea, uso de firma electrónico, SIGJ, los procesos de homologación de los sistemas electrónicos del SIGJ y Oficialía de Partes Común, sistema electrónico de asignación y reasignación de expedientes, entre otros

7. Continuar con los procesos de capacitación para personas magistradas, juzgadoras y personal judicial, así como personas postulantes.
8. Definir estrategias de combate a las cargas de trabajo en Juzgados Civiles y Familiares de Proceso Escrito y Oral, en miras a los próximos procesos de extinción y transformación.

La Presidencia del PJCDMX destacó que el compromiso es con el pueblo de la Ciudad de México, con la base trabajadora del Poder Judicial, así como con sus personas magistradas, juzgadoras y personal judicial.

“Siempre hemos dado la cara a las problemáticas sociales que enfrentamos y de frente hemos aceptado los grandes retos en la impartición de justicia. La implementación del Sistema de Justicia Civil y Familiar y el Sistema de Justicia Digital, sólo constituyen los nuevos paradigmas que generarán los grandes cambios en las instituciones jurídicas de esta Capital”, señaló.

Además, afirmó que la capital es y seguirá siendo un referente nacional sobre la gestión y administración de justicia.

“El Poder Judicial siempre marchará hombro con hombro con cada uno de sus integrantes y su base trabajadora, como un ejemplo de compromiso ante su modernización y le mejor forma de resolver conflictos, en miras de una paz social digna, igualitaria y sin discriminación.

No nos detendremos ante estos grandes retos. Continuaremos trabajando para garantizar la continuidad de una tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la justicia de calidad”.