Avalan diputados desafuero de gobernador García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril de 2021.- Tras poco más de seis horas de discusión y acalorados debates entre panistas y morenistas con aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, avaló, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de declaración de procedencia, es decir, desafuero, que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, y pese a lo que algunos llegaron a suponer, el gobernador no podrá ser procesado, detenido ni destituido de forma inmediata, ya que este dictamen aprobado por el Congreso federal, de acuerdo a la Constitución, debe turnarse al Congreso de Tamaulipas, que deberá proceder de acuerdo a la ley.

Así lo detalló la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, quien refirió que, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se declara que ha lugar a proceder en contra del gobernador de Tamaulipas.

Por lo que instruyó a que se comunique esta resolución al Congreso del estado para lo dispuesto por la Constitución; así como que, se notifique en términos de la normatividad aplicable el sentido de esta resolución.

La petición de desafuero contra el mandatario estatal fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la FGR.

En su oportunidad, la representante de la Fiscalía, Elizabeth Alcantar Cruz, subió a tribuna para exponer los resultados de la carpeta de investigación iniciada en contra del mandatario estatal y por la cual solicitaban el desafuero.

Refirió que el gobernador es señalado de haber participado en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y equiparada, lo cual hizo, dijo, a través de prestanombres.

Acusó que, valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado, acumuló sumas millonarias a través de una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos, así como en Tamaulipas, y que fueron adquiridos entre 2005 y 2019, entre las que se encuentran empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, y cuentas bancarias.

“Caudal de bienes ocultos a través de prestanombres, principalmente de su círculo familiar, cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas, advirtiéndose que el salario de un hombre que solo ha sido servidor público, no alcanzaría para reunir un caudal tan grande de bienes y recursos”, afirmó.

Representando al gobernador, quien manifestó mediante un escrito su derecho a no asistir a la sesión, su abogado Alfonso Aguilar Zinser, vía plataforma digital, puntualizó que García Cabeza de Vaca no omitió declarar sus ingresos acumulables:

“Nosotros acreditamos que los 42 millones 113 mil 844 pesos constituyeron el monto del precio por la venta del departamento ubicado en la colonia Santa Fe, adquirido por el gobernador y su esposa”.

Enfatizó que no hay ninguna prueba de que la familia del gobernador tenga “los novecientos y cientos de millones de pesos de los que hablan; si existe esa prueba, hubieran venido a la Cámara de Diputados a pedir el desafuero por todas esas operaciones”.

Reiteró que la única operación que realizó el gobernador es que le vendió a una empresa un departamento y esa empresa acreditó ante el notario su legítima constitución, estar al corriente del pago de sus impuestos y que el dinero provenía de recursos bancarios.

Refirió que la mayoría de las manifestaciones que hace la Fiscalía no obran en el expediente de la Sección Instructora y no fueron aportadas en su momento por la Fiscalía; por lo tanto, dijo, no forman parte de la litis, “lo que se votará es el dictamen propuesto por la Sección Instructora en el que quedó fuera los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Mencionó que el 19 de marzo 2021 se realizó una audiencia pública en la que, por solicitud de la Sección Instructora, compareció el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Procurador Fiscal de la Federación donde se proporcionó información no corroborada, lo que originó una percepción pública de que el gobernador está acusado de conductas que no cometió.

Sin embargo, durante su participación, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, aseguró que ese órgano legislativo ha realizado un proceso limpio en el que se han respetado las garantías del inculpado y se han atendido los planteamientos de la Fiscalía, y “la Sección Instructora no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial, donde deben presentarse”.

Refirió que, la Sección Instructora tiene fuertes indicios y suficientes, para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el Impuesto Sobre la Renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos.

“Defraudar al fisco es robar a la nación porque los ingresos provienen de todos y deben regresar, a través de la acción política, a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común”, aseveró.

Durante el acalorado debate, muchas veces simulado, pues utilizaban el recurso de las preguntas al orador para alargar la intervención en tribuna, tanto por el lado de los morenitas como por el del PAN, unos y otros se hacían reclamaciones mutuas sobre los fallidos gobiernos que de ambos lados han existido.

Y cuando Morena y aliados arremetían contra el PAN y PRI con el conocido y gastado discurso de la corrupción y el enriquecimiento ilícito en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el PAN respondía ferozmente recordando las ligas de Bejarano, la falta de transparencia del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los recursos con los que vivió durante 18 años sin hacer declaraciones al fisco.

Mientras los petistas explotaron al por mayor las supuestas amenazas del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles contra la petista e integrante de la Sección Instructora, Mary Carmen Bernal, para que votará en contra del dictamen, y acusaban a los panistas de no solidarizarse con la política michoacana, los auriazules pedían que ellos también se solidarizaran con las víctimas de violación y amenazas de manos de candidatos morenistas.

Recordaron que, sobre el ex candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, hay por lo menos cinco acusaciones de violación, mismas que han sido desestimadas y desconocidas por las autoridades y por Morena.

Destacaron el caso del candidato al gobierno de Tamaulipas, señalado recientemente por hacer tocamientos a una candidata a presidenta municipal de su partido; y el caso más reciente y polémico, el del diputado, ya expulsado de las filas morenistas, Saúl Huerta, acusado de violación contra un menor de 15 años.

Al final, Morena y aliados no podían ocultar su alegría durante la votación que iban ganando, y apostados alrededor de Pablo Gómez y el coordinador morenista, Ignacio Mier, festejaron entre aplausos, el clásico “Viva México” y su conocido grito de guerra, “Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador”, al tiempo que dirigían sus risas burlonas a las curules panistas, quienes cabizbajos mostraban su molestia por la decisión que se avaló.