Avanza al Senado creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2018.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 430 votos a favor y una abstención, el dictamen por el que se establece la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual sustituye a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual queda abrogada.

El dictamen avalado por los legisladores en San Lázaro, señala que el INPI, que tendrá su sede en la Ciudad de México, será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

Será la autoridad del Poder Ejecutivo encargada de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, y tiene como objetivo definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

También se propone un mecanismo para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas, que será la instancia de formulación y coordinación de las políticas públicas transversales, así como de su desarrollo integral, intercultural y sostenible.

Durante su presentación, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, la morenista Irma Juan Carlos, señaló que con esta ley las comunidades indígenas y de afroamexicanos serán realmente atendidas y reconocidas en la nueva administración.

“El nuevo escenario político obliga a que la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, pase por abordar el alcance del poder comunal-comunitario para el ejercicio del autogobierno; reconocerles su personalidad jurídica y como sujetos de derecho público”, detalló.

Indicó que esta ley tiene que ver con cinco ejes que abonan a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas: el derecho a la no discriminación; al desarrollo y el bienestar social; la integridad cultural a la tierra, territorios y recursos naturales; y el autogobierno y participación política.

“Estas políticas públicas asumen las recomendaciones de la Declaración de Brasilia, que compele la necesidad de transversalizar, la gestión de los asuntos indígenas y profundizar la articulación intersectorial de las políticas públicas con temas tan necesarios como la política de género y derechos humanos”, explicó.