CIUDAD DE MÉXICO, 14 de septiembre de 2021.- Para continuar con la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, en materia de Política Social, el Pleno del Senado de la República llevó a cabo el análisis de las acciones de gobierno encaminadas a mejorar la vida de los mexicanos, sobre todo de los más pobres, así como el desempeño de las instituciones en materia de seguridad y protección social.

En primera ronda de intervenciones, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, realizó un estudio preliminar sobre la Encuesta Nacional de Ingresos, Gastos en los Hogares y la medición de pobreza de Coneval, a través de un documento trabajado por la acción ciudadana frente a la pobreza.

“¿Por qué hay más pobreza dice la acción ciudadana? Antes de culpar a la pandemia o la crisis del 20, de querer culpar a programas sociales o la toma de partido para defender este gobierno o los anteriores, veamos cuáles son los datos. Y los datos tienen que ver con que se redujo el ingreso laboral 11 por ciento y creció 78 por ciento la carencia de salud”, cuestionó el legislador.

Indicó dos razones principales para los incrementos de la pobreza: más personas sin ingreso suficiente; y casi 36 millones de personas están excluidas del acceso al servicio de la salud.

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, señaló que, aunque el discurso oficial presume de un gran compromiso social, se carece de congruencia en la realidad, ya que el diseño, implementación y funcionalidad de sus políticas públicas resultan muy deficientes y cuestionables.

El perredista cuestionó la discrecionalidad en los apoyos, la falta transparencia en los programas sociales y que se pueda evaluar el resultado de si está mejorando la persona que está recibiendo este beneficio.

La Cuenta Pública del 2019 da cuenta de esto: la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades financieras en los programas sociales, emblema de la actual administración, criticó.

Por Encuentro Social, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, respaldó los cambios en la política social, al considerar que representan una transición hacia un nuevo paradigma en la materia, a la mitad del camino y haciéndolo diferente.

“Transitando de las acciones focalizadas que han hecho de los programas sociales una dádiva para los pobres, hacia una política pública que dignifica a los derechohabientes y democratiza el ejercicio de sus derechos”, expresó.

A dos años, defendió la solidaridad promovida desde las instituciones públicas y las acciones de la Secretaría de Bienestar, que retrata un año de esfuerzos para fortalecer contra viento y marea las instituciones en las que recae el deber constitucional de garantizar y proteger los derechos sociales.

Por el Partido del Trabajo, el senador Joel Padilla Peña dijo que la política social es, sin duda, uno de los pilares fundacionales del objetivo de gobierno en México para la construcción del Estado de bienestar en beneficio de los mexicanos, y, sobre todo, de los más pobres.

“Quienes somos orgullosamente de izquierda estamos absolutamente comprometidos con la igualdad, la justicia social, la inclusión y, sobre todo, la garantía de los derechos sociales y económicos”, presumió.

La senadora del Partido Verde, María Graciela Gaitán Díaz, destacó la incorporación en la Constitución de la pensión a adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad, con lo cual se evita que próximas administraciones eliminen estos beneficios con los que hoy cuentan los mexicanos.

Resaltó así las acciones realizadas por el gobierno federal para impulsar el ejercicio pleno de los derechos y comunidades indígenas y afromexicanas, como los apoyos otorgados para su capacitación y defensa en núcleos agrarios, los servicios de interpretación y traducción de lenguas indígenas y el otorgamiento de apoyos a personas promotoras y abogadas comunitarias para la defensa de sus derechos.

A nombre de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado aseguró que se necesita corregir el rumbo y diseñar nuevos instrumentos que generen trabajo digno con seguridad social.

Para ello, indicó que es necesaria la corresponsabilidad de las empresas y el Estado, para construir una red de protección social que brinde amparo a mayores eventualidades.

La priista Beatriz Paredes Rangel criticó la Política Social de la actual administración, pues carece de una visión integral; además, consideró que la seguridad social es la columna vertebral para combatir verdaderamente la pobreza en el país.

El senador del PAN, José Alfredo Botello Montes, afirmó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Seguro Popular atendía a más de 50 millones de beneficiarios hasta antes de su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sólo pudo atender a casi 30 millones de personas en plena emergencia sanitaria.

El morenista Morena, Américo Villareal Anaya, defendió que, pese a que la oposición recrimina la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, existen innumerables pruebas sobre la asistencia a personas en situación de emergencia social o natural, apoyos que se han entregado de forma directa y sin intermediarios.