Brugada da salida a 500 colibrís viajeros en el Día Mundial del Turismo
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto de 2026.- El Gabinete Interinstitucional contra el Despojo ha logrado resolver el 82 por ciento de los casos categorizados bajo este delito en la capital, alcanzando un total de 317 restituciones y aseguramientos de inmuebles a partir de 387 expedientes confirmados, de entre más de mil casos globales atendidos por las autoridades locales.
Estos resultados formaron parte del balance presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al dar a conocer la estrategia integral Protección al Patrimonio Familiar, Acciones de Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo, con la que enfatizó que en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes criminales dedicadas buscar invadir inmuebles ni para los carteles inmobiliarios.
Durante la presentación del plan, la mandataria capitalina destacó que desde el inicio de su administración se fortaleció el marco legal mediante reformas al Código Penal que elevan las sanciones por despojo hasta a 22 años de prisión cuando existan agravantes.
Como pilar preventivo, Brugada Molina anunció un plan masivo de escrituración y regularización notarial en coordinación con el Colegio de Notarios para otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de los predios, al tiempo que instruyó la apertura de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo por parte de la Consejería Jurídica, la cual brindará asesoría fija e itinerante en la Plaza de la Constitución y asumirá la representación legal en expedientes prioritarios.
El esquema de combate integral involucra acciones inmediatas en materia penal, administrativa y policial. Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su titular, Bertha María Alcalde Luján, explicó la reestructuración ministerial concentrada en la Fiscalía Especializada ubicada en el Búnker y reforzada en siete fiscalías territoriales, fijando plazos estrictos de un máximo de 15 días para el aseguramiento y restitución del inmueble y 30 días para la judicialización de los casos que cuenten con certeza documental.
Adicionalmente, la Contraloría General integró un equipo especial de control interno para auditar y sancionar a servidores públicos coludidos, mientras que el Poder Judicial abrirá una unidad especializada para agilizar el trámite de estos delitos.
En el ámbito de la reacción policial, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, expuso el protocolo de atención inmediata a reportes del 911, de la línea telefónica directa o mediante monitoreo en redes, con un tiempo de respuesta de la Policía de cuadrante inferior a los tres minutos para evaluar flagrancias por forzamiento de accesos o intromisiones no autorizadas.
En aquellos escenarios donde no exista flagrancia directa, pero sí indicios delictivos, intervendrá un grupo especializado encabezado por la Secretaría de Gobierno para conciliar o acompañar la actuación del Ministerio Público.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que los trabajos de la dependencia operarán en tres ejes articulados mediante los grupos de Trabajo en Campo y de Atención y Análisis, con atención presencial en Plaza de la Constitución número 1.
Y las autoridades concluyeron la presentación instando a la ciudadanía a adoptar un decálogo preventivo que incluye la activación de alertas en el Registro Público de la Propiedad y el uso de los canales directos de denuncia para frenar la simulación de compraventas, el uso de grupos de choque y la complicidad de notarios o funcionarios.