¿Desaparición de Morena?
La evolución digital impone transformaciones profundas en la protección de las infancias asumiendo dinámicas complejas e inéditas. El debate contemporáneo supera la simple entrega de un celular en el hogar; ahora el debate confronta el poder de corporaciones tecnológicas globales.
Ningún actor social puede permanecer indiferente frente a riesgos del ecosistema digital, como el robo de identidad, fraudes financieros, ciberacoso y redes transnacionales orientadas a la captación de menores. En este entorno, la madurez cognitiva de un adolescente de 13 o 14 años resulta insuficiente para afrontar un espacio sin regulaciones efectivas.
La reciente decisión del Reino Unido de prohibir el acceso a redes sociales masivas a menores de 16 años marca una pauta regulatoria sin precedentes. Esta medida británica restringe el ingreso a plataformas dominantes, incluyendo TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube. La propuesta impone la verificación obligatoria de edad mediante sistemas avanzados, restricciones severas en transmisiones en vivo y toques de queda digitales nocturnos.
Calificada unánimemente de paso histórico, esta tendencia de confinamiento digital se extiende con rapidez. Australia destaca como pionera con leyes restrictivas con sanciones económicas multimillonarias a empresas tecnológicas incumplidas en revisiones biométricas. Francia mantiene debates para fijar el límite de navegación autónoma en los 15 años.
En México, los proyectos buscan modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de catalogar el uso desmedido de redes sociales como un riesgo psicomediático explícito.
Evidentemente, la prohibición jurídica absoluta carece de efectos mágicos frente a la delincuencia informática y los desafíos contemporáneos. Las nuevas generaciones estructuran su aprendizaje, socialización y acceso al conocimiento a través de pantallas inteligentes. Bloquear por completo estas tecnologías implicaría un retroceso perjudicial para el desarrollo formativo.
La seguridad cibernética infantil demanda la corresponsabilidad entre el Estado, ciudadanía y corporaciones tecnológicas. Bajo la premisa del C5 —sin comunidad no hay seguridad— sobre la necesidad de involucrar a la población para garantizar entornos seguros, se requiere un esfuerzo colectivo permanente.
Las leyes fijan límites y las empresas optimizan herramientas de filtrado de datos, pero la participación social determinará el éxito de estas políticas. La ciberseguridad es el mundial que todas y todos jugamos.
Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5 de la Ciudad de México




