CNDH determina que autoridades no investigaron en masacre de Cadereyta

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 8VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida a la Procuraduría General de la República y a los Gobernadores de Nuevo León y de Tamaulipas pues determinó que no actuaron con la debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes en el caso de la fosa donde fueron localizados 49 cuerpos en Cadereyta.

De acuerdo a un comunicado, la CNDH indicó que los servidores públicos responsables de la procuración de justicia, tanto en el ámbito federal, como en el local de ambos Estados, efectuaron de manera deficiente la investigación de los homicidios de las 49 personas halladas en el municipio de Nuevo León.

Como resultado de la investigación, la CNDH acreditó que los agentes del ministerio público de la federación y locales, no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la participación de los probables responsables de los hechos, además no realizaron aquellas encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería, entre otras. De igual manera, se advirtió que personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar dónde se hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias que les realizaron.

Incluso, la CNDH confirmó la omisión en que incurrieron los agentes del ministerio público, tanto del ámbito federal como local, para llevar a cabo diligencias que permitieran obtener información con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.

Esta Comisión Nacional también comprobó la falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que ocasionó que los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas, ya que en algunos casos pasaron más de 4 años, a pesar de que el personal ministerial contaba con datos para realizar dichos reconocimientos desde el año 2012.

La CNDH en sus Informes Especiales sobre secuestro de migrantes en México, de fechas 15 de junio de 2009 y 22 de febrero de 2011, denunció públicamente la vulnerabilidad de la población migrante al transitar por zonas catalogadas como de alto riesgo, entre las que se mencionó la carretera libre Monterrey-Reynosa, circunstancia que se hizo del conocimiento de las autoridades del Estado de Nuevo León para que adoptaran medidas de investigación, protección y prevención a fin de atender dicha problemática, sin embargo, fue en esta ruta donde en mayo de 2012 se hallaron a las 49 personas sin vida, en consecuencia se concluyó en la Recomendación aludida la responsabilidad del Gobierno de Nuevo León al no haber generado acciones que permitieran garantizar el derecho a la seguridad ciudadana de esas personas. También se acreditó que dichas autoridades difundieron públicamente información carente de veracidad que afectó el honor y la reputación de los familiares de las víctimas directas.

Por lo anterior, la CNDH considera que fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas, por lo cual solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, a aquellos familiares de las personas fallecidas que no han sido inscritas, para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; así como que en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se elabore un peritaje para evaluar a cada familiar afectado y en consecuencia se le repare el daño integral, tanto de los familiares de las víctimas que han sido identificadas y las que en su oportunidad se identifiquen.

Además, se garantice a los familiares participación activa en las investigaciones y se les brinde la seguridad necesaria para resguardar su integridad; se atraiga la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León por conexidad con delitos federales, se continúe con la práctica de diligencias que sean legal y materialmente necesarias para que en su momento se determine la averiguación previa conforme a derecho, se colabore en las diligencias para repatriar el cuerpo de una de las víctimas y corroborar la identidad de otras; capacitar al personal ministerial sobre acatamiento de disposiciones jurídicas vinculadas con atención a los derechos humanos y se colabore en los procedimientos administrativo y penales que se inicien, por la probable responsabilidad en la que incurrieron los servidores públicos señalados en la Recomendación, así como que se difundan lineamientos y elaboren protocolos de actuación.

Al Gobernador de Nuevo León se le pide que el procurador estatal decline la competencia de la averiguación previa en favor de la PGR; ofrezca disculpa pública a familiares de las víctimas y se publique en dos medios de comunicación nacionales; se levante un memorial por migrantes desaparecidos; se capacite a los peritos en procesamientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, y en medicina forense con estándares internacionales; se apoye a la CNDH en la denuncia que presente ante la Procuraduría del estado para investigar a los servidores públicos que intervinieron en los hechos, así como en las quejas que presente ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de dicha Procuraduría.

Al mandatario de Tamaulipas se le solicita colaborar en la denuncia que la CNDH presentará ante la Procuraduría de esa entidad y la Coordinación de Asuntos Internos de la misma.

A los dos gobernadores se les pide instruir al correspondiente titular de las Secretarías de Seguridad Pública para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Seguridad, realicen diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del país, particularmente en zonas de alto riesgo para las personas en contexto de migración, a fin de que se intensifique la vigilancia y se eviten casos como el presente.