Urge CNDH al Senado a nombrar al Fiscal Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que la corrupción afecta gravemente el ejercicio efectivo de los derechos humanos, ya que en la medida en que ese fenómeno se hace presente en la sociedad, se precariza el cumplimiento de la ley y la exigibilidad de los derechos fundamentales. Debilita a todos los niveles, actividades y áreas de las funciones públicas por lo que urgió al Senado de la República el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción.

Esta Comisión Nacional llama a las autoridades de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil para unir fuerzas y rechazar hasta su erradicación total las prácticas de corrupción, ya que afectan la calidad de vida de la población al generar injusticia, pobreza, exclusión y desigualdad, según señala en un comunicado.

México se ubica en la posición 123 de 176 países analizados en materia de corrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, al alcanzar 30 puntos de medición, en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles, que le significó un retroceso de 28 posiciones en el periodo 2014-2016, y dicho fenómeno cuesta a México 347 mil millones de pesos al año, lo que significa 9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción –9 de diciembre—, el combate a ese fenómeno debe acompañarse por un ejercicio y asignación transparente de los recursos públicos con enfoque de derechos humanos, en que se priorice la atención a grupos vulnerables y se implementen acciones que fortalezcan de manera progresiva los derechos y el acceso a oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.

En este sentido, la CNDH urge al Senado de la República el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción, ya que su ausencia ha impedido la puesta en marcha de diversas funciones específicas, así como también el nombramiento de los titulares de las unidades operativas en que se dividirá el trabajo de la Fiscalía y de los agentes ministeriales.

De acuerdo con el estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014, elaborado por la CNDH en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, es necesario contar con indicadores e índices oficiales en materia de corrupción y su impacto en el goce y disfrute de derechos humanos, pues los datos existentes aún no permiten construir diagnósticos sólidos, así como desarrollar políticas públicas contra ese fenómeno que debilita a las instituciones democráticas y constituye una de las principales causas de la impunidad.

México ha mostrado avances en el combate a la corrupción, algunos de ellos enfocados al fortalecimiento del marco constitucional, legal e institucional, mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, con la publicación de las reformas a la Carta Magna del 27 de mayo de 2015 y la emisión del 18 de julio de 2016, modificaciones a diversos ordenamientos orientados en la lucha contra ese fenómeno.

A nivel internacional, se considera relevante que los diferentes niveles de gobierno refuercen las medidas enfocadas en alcanzar los objetivos plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por 193 países miembros de las Naciones Unidas, primordialmente el objetivo 16.5, que convoca a reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas para lograr sociedades pacíficas e inclusivas.

Al considerar la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades que comprometen el desarrollo sostenible, se motivó que el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 58/4, aprobara la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Al mismo tiempo, en dicha resolución se decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción, como una oportunidad para crear conciencia sobre dicho fenómeno y sus efectos devastadores en las sociedades de todo el mundo.

Igualmente, es importante tener en cuenta los instrumentos del ámbito regional como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, que establece mecanismos para combatir este fenómeno, tales como: la asistencia jurídica, la cooperación técnica, la extradición, la confiscación y el decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción.