Cofetel y el IFT afectados por excesiva politización: OCDE

CIUDAD DE MÉXICO, 12 abril (Quadratín México).- La reforma en materia de telecomunicaciones, apunta a resolver las disfuncionalidades del sector; es decir, una excesiva concentración y la falta de competencia, que se han traducido en altos precios y una pérdida en bienestar y competitividad considerable, “que mantiene a México rezagado”, aseguró José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México para América Latina.

Durante la sesión de trabajo del Senado de la República en las consultas públicas para analizar y dictaminar la reforma en materia de telecomunicaciones, hizo notar que “una amenaza latente que no debe ignorarse” es el riesgo de que las dos instituciones dotadas de autonomía constitucional, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, “se vean afectadas por una excesiva politización”.

Destacó que aunque la reforma es perfectible, sienta las bases de un cambio estructural profundo, de ahí que “valoramos y respetamos los consensos alcanzados, primero en el seno del Pacto por México y después en la Cámara de Diputados”, por impulsar una reforma de gran calado.

Para Ernesto Piedras Feria, presidente de The Competitive Intelligence Unit , es “muy peligroso” tener un órgano regulador plenamente independiente, “descontrolado y desbocado”, por lo que se tiene que hacer un escrutinio “muy fino” para seleccionar a comisionados que tengan capacidad probada e integridad ética.

Aceptó que es necesario un árbitro que aplique la ley correctamente para que el país cuente con competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones, además de que no debe existir un dogma en contra de la participación del Estado como agente económico.

Por ello, estimó necesario incorporar a la reforma algunas consideraciones de la OCDE, en el sentido de clarificar la relación entre las instituciones encargadas del diseño de políticas públicas y las entidades reguladoras, y establecer una división clara entre la COFETEL y la Profeco para la resolución transparente de las controversias.

En tanto, Carlos Casasús López Hermosa, presidente del Consejo Consultivo de la COFETEL, señaló que se deben crear órganos reguladores que sí cuenten con las facultades necesarias, sin dobles ventanillas,  colegiados y transparentes, así como con comisionados electos por periodos fijos y que rindan cuentas.

Dijo que México no requiere más derechos en la Constitución, sino  implementar políticas que incrementen la oferta a precios accesibles y la demanda entre la población.

En opinión de Casasús es indispensable despertar del letargo legislativo en que se encuentra el sector y hacer que el marco regulatorio  promueva no únicamente un acotamiento de las grandes empresas sino certeza jurídica que genere la inversión que el país requiere.

En su turno, Sergio López Ayllón, director general del CIDE, subrayó que la reforma implica una modificación de fondo de la arquitectura constitucional, pues crea dos organismos con funciones estrictamente administrativas,   como poderes distintos y en paridad al Ejecutivo federal cuando previamente  formaban parte de éste.

Al respecto, señaló que cuando entre en vigor la enmienda será necesario modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir las facultades actuales de las secretarías a los nuevos organismos, por lo que conviene adecuar y crear mecanismos de coordinación constitucionales que articulen la acción del Estado en esas áreas y se dé competencias diferenciadas.

Finalmente, hizo un llamado  a repensar la asignación de la fibra óptica y el espectro a una sola institución del Estado, toda vez que las empresas estatales están sobrerreguladas y no actúan como tales, y se corre el riesgo de  poner a la súper carretera en manos de un elefante.

En su exposición, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,  ratificó que “estamos ante una reforma de gran calado” que constituye un paso importante para el progreso del país.

Enseguida, exhortó a los senadores para que la analicen con profundidad y en ese sentido  propuso que la nueva COFECO sea un órgano independiente que regule la competencia, impulse el crecimiento de la economía y haga valer la normatividad vigente, sin facultades ilimitadas.

Además, dijo que la principal preocupación del CCE es que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y se garantice el acceso a la justicia, conservando la suspensión del acto reclamado en función de la ponderación del interés social y el derecho.

Raúl Trejo Delarbre, del Centro de Estudios para la Transición Democrática (CETD) destacó que la reforma fortalece la democracia al acotar la influencia que han alcanzado sobre todo las televisoras, además de que le resta facultad al presidencialismo.

A pesar de que iniciativa padece de algunas carencias que pueden ser resueltas en las leyes secundarias, eso no debe ser motivo para frenarla con el pretexto de revisar detalles, precisó.

Enfatizó que los senadores están conscientes de esos subterfugios, pero advirtió que si la discusión de la iniciativa se extiende y no puede ser examinada antes de que concluya el actual periodo de sesiones, “entonces sus posibilidades quedarían seriamente limitadas”.

Por su parte, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, solicitó al Senado que se mantenga la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y que el Plan Nacional de Banda Ancha sea el eje rector y el gozne que enlace con los demás planes, programas y reformas, principalmente la hacendaria, para así poder garantizar que se atiendan las necesidades nacionales.

Consideró que si la reforma en telecomunicaciones se concentra únicamente en el tema de la competitividad entre particulares, no habrá el desarrollo necesario.

“Está demostrado –indicó– que sin la conducción del Estado, el mercado ni se autorregula ni produce desarrollo por sí mismo y si no salimos de esta dinámica inercial la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto se va a desdibujar”.

Melquiades Rosas Blanco, integrante del Congreso Nacional de Comunicación Indígena y representante legal de la Radio Mazateca, comentó que la Constitución mexicana, en su artículo 2, apartado 6, especifica que México es un país pluricultural.

Por ello,  a las comunidades indígenas se les debe reconocer su derecho a operar y administra r sus propios medios de comunicación, y de esa manera difundir su cultura y expresar su forma de pensar. Necesitamos del espectro eléctrico para seguir aportando a México, subrayó.

Pidió que haya una nueva reforma de telecomunicaciones porque la actual les ha perjudicado y  solicitó a los senadores agilizar los trámites de refrendos en COFETEL.

QMX/fm