Coinciden senadores con veto presidencial a Ley 3de3

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2016.- Prácticamente las cinco facciones parlamentarias en el Senado de la República, que analizan el veto presidencial a la Ley de Responsabilidades Administrativas, “coinciden con el ejecutivo”, en el sentido de incluir “la obligación de que particulares presenten declaraciones patrimoniales”, según circularon en un dictamen previo.

“Constituir una intromisión en su esfera jurídica, particularmente en su privacidad y podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud, y la libertad personal”, señalan en el documento.

Los integrantes de las comisiones advierten como pertinente observar, “ya que no debe introducirse de manera arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionar sus derechos humanos.

“Puesto que dicha homologación debe tener por objeto la consecución de objetivos admisibles de entre los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas y la reforma constitucional no prevé este supuesto”, afirmaron.

Reconocen la obligación de presentar una declaración patrimonial y de interés, alcances que referidos en el artículo 32 de dicha ley,  y “a establecer una carga a los particulares sin distinguir la situación específica en la que se encuentran frente al Estado por lo que la constreñir con las mismas obligaciones a sujetos que se encuentran en circunstancias distintas, vulnera el principio de igualdad.

Hacen notar que de no modificar los artículos observados “se aplicará de manera indiscriminada la ley a todas las personas que reciban recursos públicos, sin distinción; incluso entre personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público”.

Señalan en el dictamen que el artículo 108 constitucional señala expresamente que la declaración patrimonial y de intereses son para los servidores públicos, exclusivamente, por el simple hecho de tener ese carácter.