Con intención de voto, Comisiones de Senado adelantan regular cannabis

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2020.- En sesión a distancia de más de tres horas y media, las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda llevaron a cabo el análisis del nuevo dictamen en materia de la regulación de cannabis, en la que adelantaron su aprobación mediante el ejercicio de intención de voto.

Es decir, por acuerdo de las Comisiones dictaminadoras, dicha sesión virtual no sustituye la presencial para votar el dictamen, que se prevé el próximo miércoles. Así, tras más de ocho meses, reanudaron la discusión, el análisis, la valoración y el intercambio de opiniones del proyecto de decreto que prevé la creación de la Ley para la Regulación del Cannabis, y reforma disposiciones a la Ley General de Salud y del Código Penal.

Con desafíos tecnológicos y digitales, debido a las fallas de conexión que presentan este tipo de reuniones a distancia, por las Comisiones dictaminadoras manifestaron el voto aprobatorio de la mayoría de Morena, PT, Encuentro Social, PRD y Movimiento Ciudadano; mientras que el PAN irá en contra y el PRI en abstención.

Previamente, por unanimidad de las Comisiones Unidas manifestaron su intención de voto aprobatorio de retirar el dictamen aprobado en lo general el pasado 4 de marzo e incorporar el nuevo dictamen en materia de la regulación de cannabis.

El nuevo dictamen para la despenalización de la marihuana considera 17 iniciativas para la regulación integral del cannabis, a diferencia del anterior que integraba 11 propuestas.

Establece orden y reglas en la legalización del uso adulto, incluido el lúdico o recreacional, así como el aprovechamiento industrial de todo lo utilizable de la planta de la marihuana: industrial, veterinario, agronómico, cosmético, entre otros.

En la regulación del cannabis y sus derivados se incluirán la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos; el goce efectivo sin discriminación y criminalización alguna; el respeto a las libertades fundamentales y la dignidad humana, en los términos previstos por la Constitución; y la interpretación de estas disposiciones bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Se fomentará la atención del consumo problemático del cannabis psicoactivo con un enfoque de salud pública, aplicando el reforzamiento de políticas y medidas de prevención, intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y reinserción social.

Atenderá la protección de grupos en situaciones de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, comunidad LGBTTI, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, así como campesinos, ejidatarios y comunitarios en situación de marginación.

Además, la regulación con perspectiva de género e intercultural, con un enfoque transversal y multidisciplinario; así como el fomento a la paz y la seguridad de la sociedad en la disminución de la corrupción y la violencia.

De acuerdo con el proyecto, la posesión del cannabis psicoactivo sólo será sancionable penalmente cuando sea superior a los 200 gramos. El marco jurídico actual impone de 10 a 25 años de prisión, lo que ha provocado que los centros de reclusión estén llenos de personas por posesión de unos cuantos gramos de cannabis, razón por la que buscan disminuir las penalidades en la portación de este producto.