Contexto

S.O.S. México

Desde hace unos 40 años, el Estado mexicano no sólo logró la alternancia en el poder, sino que creo instituciones alternas y autónomas para la defensa de derechos políticos y sociales de los ciudadanos, generando un gobierno democrático. Entre las más notables, estableció el instituto federal electoral, la comisión nacional de derechos humanos, la comisión de arbitraje médico, el instituto nacional de transparencia y acceso a la información gubernamental, la comisión federal de telecomunicaciones, el instituto nacional de evaluación educativa, la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros y el consejo de la judicatura federal.

Fueron muchos años de lucha de las organizaciones de la sociedad las que lograron quitarles a los gobiernos, fundamentalmente priistas, ese poder omnímodo que afectaba los derechos de todos los mexicanos, y que protegían a los grupos de interés ligados al poder político. Pero en solamente ocho años, sí en sólo ocho años, los gobiernos de Morena, encabezados por el nefasto Andrés Manuel López Obrador, acabaron con todo. Sin contrapesos, pues desmantelaron al poder judicial y mantienen el control del Congreso de la Unión, el desmantelamiento institucional sigue cediendo los espacios de gobierno al crimen organizado, situación que ya puso en alerta al gobierno de Estados Unidos, que en cualquier momento va a intervenir.

Mientras el escándalo desatado hace dos semanas por las acusaciones de la justicia estadounidense sobre nexos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios —todos morenistas— empuja a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo a su crisis más aguda, el deterioro democrático del país avanza sin detenerse. Poco a poco. La sacudida que llega como la cortina de humo ideal para consolidar un régimen sin contrapesos.

El recuento de los daños a la costosa y dilatada arquitectura democrática de nuestro país es imposible hacerlo en unas cuantas líneas, pero configura un escenario de concentración de poder que el país no conoció ni en los tiempos de la hegemonía absoluta del PRI.

Lo que está en juego es la supervivencia del país como la entendimos tras décadas de esfuerzo colectivo. El tema de fondo es hasta dónde vamos a llegar, pues Sheinbaum sigue el mismo plan trazado por su antecesor quien desde su escondite sigue ordenando el rumbo de una administración que no se desvía un milímetro de lo que se han propuesto. Eso, sin contar que tienen al país sumamente endeudado y que la economía está absolutamente estancada y no hay crecimiento económico y se han contraído las inversiones extranjeras, entre otros motivos porque no hay seguridad jurídica para dichas inversiones.

Este desmantelamiento institucional es, en el fondo, mucho más grave que los escándalos coyunturales que estamos viviendo en el día con día. Lo que ocurre en Sinaloa bajo la mirada de la justicia estadounidense es una herida profunda. Pero es solamente un síntoma. Lo irreversible, lo grave, lo lamentable es la demolición de las instituciones democráticas que deberían fiscalizar y castigar esos hechos.

Un gobierno bajo sospecha es una desgracia; un país que destruye sus propios mecanismos para frenar el abuso es una condena que pagarán las próximas generaciones. Sin instituciones y con un sistema de justicia captado y que no sirve, los mexicanos quedamos expuestos ante amenazas externas, como las advertencias de Donald Trump de actuar unilateralmente si México no frena al narcotráfico.

A todo este esquema se suma el uso del aparato fiscal y financiero como garrote. El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operan como armas de presión política. El sistema ya no busca sólo recaudar, sino intimidar; se utiliza para asfixiar a críticos y empresarios mediante auditorías selectivas y el congelamiento de cuentas. Es el uso de las instituciones para silenciar cualquier voz que estorbe al avance del autoritario régimen que sigue desviando recursos públicos para enviarlos a Cuba a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 385 millones de pesos.

El tiro de gracia al Poder Judicial vino con una reforma que destruyó la carrera judicial para suplirla por la lealtad política, bajo el pretexto de democratizar la justicia y erradicar la corrupción. Llegaron ministros afines al morenismo, la mayoría de ellos ignorantes, incultos y tomando decisiones fuera de toda lógica jurídica, de acuerdo a los expertos. Y ese control institucional, absolutista, se extendió al sistema electoral.

En cuanto a Rocha Mora, dicen los funcionarios de Morena que no lo pueden detener, que porque la Fiscalía tiene que investigar. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1303/2003, sobre el Tratado de Extradición suscrito entre México y Estados Unidos, que establece:

En la detención provisional, se refiere a la detención provisional con fines de extradición, no rigen las disposiciones establecidas en la Constitución en materia de órdenes de aprehensión y auto de formal prisión, puesto que se trata de una detención administrativa.

Y más. El 133 de la Constitución dice que todos los tratados internacionales firmados por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión, es decir, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos es Ley Suprema, lo tienen que aplicar y, de acuerdo a ese mismo tratado, artículo 11, procede la detención inmediata de Rubén Rocha Moya, se llama detención provisional con fines de extradición y, a partir de que lo detengan, dice el numeral 3 del artículo 11, corre un plazo de 60 días para que el gobierno de Estados Unidos mande todas las pruebas. Entonces ¿Morena por qué lo protege?...

Frente a este panorama, las elecciones federales del año entrante son la última oportunidad para arrebatarle a Morena y sus aliados el control del Congreso o, al menos, la mayoría calificada. Es el freno necesario antes de que el nuevo sistema se termine de consolidar.

¿Quieren votar por ellos?

Yo no.