Contexto

Donald Trump podría acusar a Claudia Sheinbaum de obstruir a la justicia. Los morenistas que sirven de informantes y más.

La administración de Donald Trump podría acusar en cualquier momento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de obstruir a la justicia y del incumplimiento del tratado de extradición suscrito entre ambos países, al negarse a entregar al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, al desaparecido senador Enrique Inzunza y al expresidente municipal de Culiacán, Juan de Díaz Gámez, todos ellos acusados por los fiscales estadounidenses de ser cómplices del cártel de los chapitos y de recibir sobornos del narcotráfico, dinero que fue a parar en parte a las arcas de Morena.

Frente a ese discurso distractor de Sheinbaum Pardo, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció ante la corte del Distrito Sur de Nueva York para formalizar el inicio de su proceso penal. Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla calificó como “un caudal probatorio” presentado por la fiscalía. Gerardo Mérida, que ya está colaborando con la fiscalía del sur de Nueva York, donde se acumulan las acusaciones contra funcionarios y políticos mexicanos, al igual que lo está haciendo el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, quien también se entregó.

Lo que es un hecho, es que el estatus judicial de los ocho que quedan en libertad, protegidos todos ellos por el gobierno federal y Morena pasarán a tener no sólo pedido de detención con fines de extradición, sino ya acusaciones formales en ausencia que obligará a las autoridades estadunidenses, con base en las leyes antiterroristas, a buscar su detención en donde estén. Y eso afectará a la presidenta que será blanco de acusaciones de pretender obstruir a la justicia de aquel país.

Muchos otros morenistas ya han perdido sus visas, pero muchos más temen perder su libertad y sus bienes. Varios gobernadores han visto cómo desde el Departamento del Tesoro estadunidense se ha demandado a los bancos, tanto de la Unión Americana como de México, que les cancelen las cuentas bancarias y de inversión. Los últimos han sido, según fuentes estadunidenses, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital de México; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal. Los tres ya han tenido contacto con las autoridades estadunidenses; pero el caso de Durazo desde hace ya un año, en el de Villarreal, dicen que esos contactos se han interrumpido por falta de acuerdos.

En el caso de Nahle son recientes, como ya ocurrió con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Otra gobernadora que no tiene acusaciones, pero que ha buscado a las autoridades estadunidenses es Mara Lezama, de Quintana Roo. Por eso llama la atención la nota del diario Nueva York Times, de que políticos morenistas se están convirtiendo en informantes del gobierno de Washington.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, ya presentó junto con varios legisladores denuncias en contra de Clara Brugada, por actos de corrupción y puso como ejemplo la denominada Calzada Flotante de Tlalpan, cuyo costo supera los 2 mil millones de pesos, incluyendo trabajos de supervisión.

Aseguró que la obra fue inaugurada sin estar concluida y sostuvo que no resuelve problemas de movilidad, inundaciones o seguridad. Además, cuestionó que la empresa constructora IDINSA haya recibido contratos públicos por más de 8,800 millones de pesos durante administraciones de Morena. El diputado federal Federico Döring acusó al gobierno capitalino de utilizar las obras vinculadas al Mundial como un mecanismo de beneficio político y electoral.

Pero hay más. En Morelos, acaban de detener a Jovany 'N', alias La Muñeca, uno de los integrantes de la célula delictiva vinculada con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido en mayo del año pasado.

La captura se logró gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la fiscalía general de la República (FGR), que se llevó a cabo en el municipio de Yautepec, Morelos. Hasta ahora, las autoridades revelaron el estado actual de la investigación, que ha permitido la detención de 18 personas por su presunta participación en el crimen y que están relacionados con una banda dedicada al narcomenudeo y la extorsión en parte de la Ciudad de México y el Estado de México. Lo que llama la atención es que por qué no dicen cuál fue el móvil del doble crimen o por qué lo ocultan. Tarde o temprano se sabrá. Y también hasta dónde está involucrada la Brugada. Pero por lo pronto, al igual que su padrino AMLO, los gringos ya la investigan.

Y hoy podría acabarse la euforia futbolística o podría seguir unos días más.

¿Y después qué? … la dura realidad.