Contexto

Los desplazados por la violencia en México igualan la cifra que los desplazados en Palestina de acuerdo con cifras de Oenegés y la ONU.

Parece que estamos viendo una historieta de Los Agachados de Rius, pero no. Es verdad. Varios senadores de Morena, comenzando por el nefasto Gerardo Fernández Noroña, se solidarizan y hasta organizan eventos en favor de los desplazados palestinos ante los ataques de Israel en la zona de Gaza, lugar donde, por cierto, estuvo asentado hace cientos de años el imperio Filisteo, enemigo acérrimo de los pueblos judíos.

Pero yo no he escuchado que, desde la tribuna del propio Senado de la República se hayan solidarizado ante los miles, sí. Miles de desplazados en México, la mayoría de ellos indígenas, víctimas de la violencia.

De acuerdo con el Informe Sobre las Ciudades del Mundo 2026, elaborado por la ONU-Hábitat, al cierre del 2025 existían 123 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo debido a persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos, el doble de la cifra registrada una década antes.

Se estimó que a la fecha corte de 31 de diciembre de 2025 el número de personas viviendo en situación de desplazamiento por violencia en México fue de casi 400 mil personas, en su mayoría a causa de la violencia criminal.

Pero hay más. Kelly Muñoz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coordinadora y coautora del libro “Desplazamiento forzado interno en México”, sostiene que “el desplazamiento forzado empieza desde que la violencia convierte al territorio en un espacio inhabitable, cuando el miedo sustituye la ciudadanía. Nombrar algo como ‘forzado’ implica reconocer responsables, víctimas y derechos vulnerados”, afirmó.

Un ejemplo reciente ocurrió en mayo pasado, cuando comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron ataques por parte de grupos criminales. De acuerdo con autoridades y organizaciones comunitarias de la región, la violencia provocó el desplazamiento forzado de más de tres mil personas.

Sin embargo, Guerrero no es un caso aislado. Comunidades de Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, entre otros, enfrentan situaciones similares desde hace varios años.

A todo eso habría que agregar otros aspectos. Los desplazamientos por desastres, se reportaron 93,128 nuevos desplazamientos ocurridos en 2025.

Esta cifra se refiere a desplazamientos provocados principalmente por inundaciones y tormentas a lo largo de 2025.

También se registraron desplazamientos debido a incendios forestales, ciclones, inundaciones por liberación de represas, movimientos de masa húmedos, hundimientos del terreno, movimientos de masa secos y olas de frío, aunque en menor medida.

La cifra total se basa en datos recibidos directamente del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México (CENAPRED), así como en datos publicados por Protección Civil, autoridades locales, la sociedad civil y los medios de comunicación, siempre que estos citaran fuentes confiables o que la información pudiera ser corroborada por fuentes adicionales.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que una parte importante de esta población se traslada a ciudades como refugiados o desplazados internos, donde suele habitar en viviendas inseguras y permanece expuesta al riesgo de nuevos desplazamientos.

El tema no es menor, pues estamos hablando de casi un millón y medio de mexicanos en la última década que han tenido que dejar sus hogares, sus propiedades y sus cultivos y animales ya sea por la violencia que ejercen grupos criminales que se disputan territorios o por desastres naturales.

El desplazamiento forzado por violencia es una de las problemáticas habitacionales y sociales más graves de México. Cada año, miles de personas abandonan sus hogares ante amenazas, ataques armados y disputas territoriales, una situación que no solo implica la pérdida de una vivienda, sino también la ruptura de comunidades enteras y proyectos de vida.

Está el caso concreto de la zona llamada tierra caliente de Michoacán, donde más de 50 mil habitantes se trasladaron a la frontera de Baja California en donde viven en condiciones de hacinamiento insalubre, sin que el gobierno de ese estado haga algo por ellos, ni mucho menos el Congreso de la Unión.

Julio César Franco Gutiérrez, director de Manejo de Conflictos en el Centro de Seguridad Urbana y Prevención y consejero del Observatorio Humana de Apatzingán, explicó en una entrevista que el desplazamiento forzado por violencia se reproduce cada vez con mayor rapidez en distintas entidades.

“Este año detectamos desplazamientos en Nayarit y Durango, con movimientos poblacionales que, como es cada vez más usual, se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos”, dijo.

En casos como Sinaloa y otros territorios afectados hemos visto que detrás de los secuestros, asesinatos y las expulsiones de comunidades, aparecen conflictos vinculados con economías extractivistas, minería, narcotráfico y otras formas de acumulación tanto de poder, como extorsiones.

Uno de los desafíos para desarticular este fenómeno en México es la falta de reconocimiento y atención integral. Actualmente, el país carece de un marco jurídico específico y de estrategias efectivas de acompañamiento para las víctimas.

La discusión cobró relevancia en junio pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en relación con un amparo sobre la inacción legislativa y gubernamental frente al desplazamiento forzado interno, que no es obligación del Estado mexicano responder a las recomendaciones internacionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta resolución sorprendió a la mayoría de los analistas jurídicos porque tuvo el propósito de proteger a los gobiernos de Morena ante su ineficacia para resolver este problema cada vez más creciente.

Las consecuencias en las victimas son profundas y pueden extenderse durante generaciones. Según el informe de la ONU-Hábitat, los efectos incluyen la pérdida del hogar, la destrucción de propiedades y medios de vida, la separación de familias y secuelas psicológicas derivadas de la violencia.

Por cierto, hace unos días, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, escribió este mensaje sobre el ataque con un coche bomba en Zacatecas: “El atroz ataque con coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, es un crudo recordatorio de la violencia que las organizaciones terroristas están dispuestas a infligir en nuestras comunidades.

Mis pensamientos y oraciones siguen con las personas heridas y las familias afectadas. Estamos con el pueblo de Zacatecas y continuaremos trabajando con México para enfrentar a estas organizaciones que cometen actos terroristas y a quienes son responsables de ellos.

A través del mensaje “Llamados a la libertad”, emitido con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano sostuvo que el país llega a este 2026 con “pasos construidos” en materia de derechos, pero advirtió sobre “heridas abiertas” que siguen afectando a la sociedad, como el crimen, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

¿Y usted qué opina?