Contexto

Lo pendejo y lo ratero no se puede ocultar. Guadalupe Taddei Zavala y sus cercanos deben ir a la cárcel.

Carlos Antonio del Río Rodríguez en los años sesenta fue presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y en 1969 llegó como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde alcanzó la presidencia del alto tribunal entre 1970 -1971 y 1983 -1984. Dicho cargo lo realizó sin abandonar sus actividades de docente en la UNAM. Del Río Rodríguez, reconocido por su capacidad jurídica y honestidad –- también se tituló como contador público--, afirmó aquella frase de “lo pendejo y lo ratero, no se puede ocultar”.

Lo anterior lo dijo, cuando surgió el escándalo de corrupción que protagonizó el entonces ministro Ernesto Díaz Infante hace cinco décadas y que fue en su momento el caso al más alto nivel en el Poder Judicial por liberar al asesino de una niña en Acapulco, Guerrero. Díaz Infante fue separado de su cargo por aceptar un soborno de 500 mil dólares para que el empresario Alejandro Braun Díaz pudiera salir de la cárcel tras ser sentenciado por violar y asesinar a Merle Yuridia Mondáin Segura, de 6 años en Acapulco, Guerrero, el 24 de octubre de 1986.

Carlos del Río Rodríguez dijo entonces que “la honestidad entre los servidores públicos, pero en especial entre los impartidores de justicia, no puede quedar en entredicho por actos de corrupción y deshonestidad, y que, si algo puede dañar a un país como México, es que la sociedad no confíe en sus instituciones. Por ello, quien quebrante la ley, desde algún cargo público, debe ser severamente castigado sin ningún tipo de miramientos”.

Y esto es en clarísima referencia al caso de Guadalupe Taddei Zavala, ex presidenta del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), señalada junto con varios funcionarios de esa institución de gravísimos actos de corrupción. Desde que asumió la presidencia en 2023, Guadalupe Taddei ha acumulado decisiones controvertidas, incluida la permisividad frente a campañas anticipadas. A los cuestionamientos por parcialidad se suman ahora denuncias sobre posibles actos de corrupción que la involucran y de acuerdo a investigaciones periodísticas, la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a siete empresas proveedoras de materiales electorales, además vínculos laborales entre proveedores y funcionarios del INE.

El pasado 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó una investigación de oficio sobre probables irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Guadalupe Taddei Zavala, presentó su renuncia lunes ante la Cámara de Diputados "con serenidad y dignidad" y pidió no adelantar conclusiones sobre los señalamientos en su contra: "Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa soberanía me confirió en abril de 2023 como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal".

La trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala está inevitablemente asociada con Morena y al gobernador de Sonora y presidente del Consejo Político Nacional del partido, Alfonso Durazo. No sólo por la cauda de familiares de primer y segundo grado que trabajan en el gobierno de Sonora y en distintos puestos en Morena y en la administración federal, sino, incluso, porque su hijo es el secretario particular del propio Durazo.

Tras una serie de señalamientos por conflictos de interés e imágenes que la involucran a ella y a su familia con un proveedor con quienes comparte fiestas y viajes internacionales, lo que provocó el inicio de una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el INE compartió un comunicado de la consejera en el que confirma su renuncia asegurando que lo hace con serenidad.

El INE atraviesa una de las crisis internas más delicadas desde su creación. El escándalo se concentra en los contratos, los proveedores y las personas que rodean a la presidenta. Varios reportajes de investigación exhiben sus presuntos vínculos con Corporativo ZEG y Cajas Graf, entre otras cinco empresas relacionadas con la proveeduría de materiales electorales. Esperemos que esto no quede solamente en su renuncia, sino que vaya a la cárcel por deshonesta y corrupta. Y no lo digo yo, lo dicen los propios hechos.

Hay que recordar que las elecciones del año próximo serán muy relevantes por razones que trascienden el ámbito local. Se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Lo excepcional, sin embargo, no será la concurrencia electoral, sino el estado de las instituciones llamadas a garantizar la certeza del voto. En 2021, pese a graves irregularidades registradas en distintas entidades y a la intervención de grupos criminales, el país contaba con autoridades electorales creíbles y un Poder Judicial autónomo. Hoy el entorno es distinto. La violencia y el dinero ilícito siguen amenazando las urnas, mientras se deteriora la credibilidad del árbitro electoral y no se tiene confianza en el Poder Judicial.

Y hablando del Poder Judicial, la organización internacional World Justice Project (WJP), afirmó que el Estado de derecho en México se sigue deteriorando. El país retrocedió cuatro posiciones en el ranking 2026 del al ubicarse en la posición 125 de 143 naciones analizadas. México obtuvo una puntuación de 0.39, donde cero significa la más débil adherencia al Estado de derecho y uno la más fuerte, según el índice elaborado por la organización.

El resultado representa una caída frente a 2025, cuando el país ocupó el puesto 121. En América Latina y el Caribe, México se mantuvo en el lugar 28 de 32 países, mientras que entre las economías de ingreso medio-alto quedó en el puesto 43 de 44.

El director ejecutivo de la organización, Alejandro Ponce, señaló que este fenómeno dejó de ser una señal aislada para convertirse en una problemática persistente en diversas regiones del mundo, con efectos directos sobre la calidad democrática y el funcionamiento de las instituciones.

El informe, publicado este mes, indica que el 62 por ciento de los países empeoró en el último año y 38 por ciento mejoró. La tendencia se prolonga por noveno año consecutivo y, en el acumulado de los últimos cinco años, más de 86 por ciento de las naciones registró un retroceso sostenido en al menos una de las salvaguardas frente al autoritarismo.

Agregó que las libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la supervisión gubernamental están disminuyendo en México y la mayoría de los países analizados. Detalló que la libertad de opinión y expresión se redujo en el 64 por ciento, la libertad de reunión y asociación disminuyó en el 67 por ciento, y la participación ciudadana bajó en el 65 por ciento.

La evaluación del WJP identifica problemas en el sistema de justicia, la corrupción y la seguridad, además de retrocesos en libertades ciudadanas y mecanismos de control del poder gubernamental.

La mayor caída se registró en el sistema de justicia penal, cuya calificación disminuyó 21.2 por ciento entre 2021 y 2026. México obtuvo 0.22 puntos en este rubro y ocupó el lugar 139 de 143 países, uno de sus resultados más desfavorables en la evaluación. También se destacó el deterioro en los límites al poder gubernamental, con una reducción de 11.6 por ciento y una calificación de 0.39, que colocó al país en el puesto 109 mundial.

La corrupción también figura entre los principales rezagos. México ocupa el lugar 134 mundial en este factor y el 39 de 41 entre países de ingresos medios altos. Esta medición contempla el uso del poder público para obtener beneficios privados en distintas áreas de gobierno.

El rubro de orden y seguridad tampoco coloca bien a México. El país obtuvo 0.50 puntos y quedó en el sitio 132 de 143 a nivel mundial y 30 de 32 dentro de América Latina y el Caribe.

Con estos datos, se confirma que nuestros derechos están siendo socavados por un gobierno violento, ineficiente y corrupto. ¿Qué más?