Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Muchas dudas y pocas respuestas dejó el debate entre los cinco presidenciales

Más allá de los ataques personales entre ellos, de los dimes y diretes, y de que la mayor parte de sus propuestas las hicieron sin decir los “¿cómo?” para frenar la inseguridad y la violencia cotidiana, los candidatos presidenciales en algo sí están de acuerdo: en que se debe de instaurar la segunda vuelta para darle certeza a la gobernabilidad. Y tres de ellos –salvo Margarita Zavala y José Antonio Meade–, se pronunciaron a favor de la revocación del mandato, cada dos años, y para ello se debe construir una ley para legalizar el referéndum.

El debate del domingo pasado sirvió para identificar en qué lugar del mapa político se ubican cada uno de los cinco contendientes y López Obrador sigue estando a la cabeza. Sin embargo, la elección está lejos de definirse y tanto Ricardo Anaya como José Antonio Meade, tienen muchas posibilidades de remontar y acercarse bastante al puntero.

En el debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el priísta Mikel Arreola, quién por cierto está muy lejos para acercarse a Claudia Sheinbaum y a Alejandra Barrales, planteó, entre una de sus propuestas, la construcción de 100 kilómetros de Metro. Pero jamás dijo de dónde sacaría los recursos, qué líneas ampliaría y en dónde haría la décimo tercera ruta.

Lo mismo, les ocurrió a los cinco candidatos a la Presidencia de la República cuando se les preguntó a todos ¿cómo combatir la violencia y la inseguridad?

Los cinco candidatos plantearon desde la creación de un Código Penal nacional y único, una fiscalía federal autónoma, la creación de una policía cibernética, respaldar la Ley de Seguridad Interior para darle certeza a las fuerzas militares en funciones de policías, pero solamente López Obrador, Meade y Anaya reconocieron que la falta de crecimiento, desigualdad, carencia de empleos y resentimiento social debe ser atendidos. Nadie, por ejemplo, se refirió a los miles de damnificados de los sismos de septiembre pasado.

Por ahora, más que la propia propaganda de cada uno de los candidatos y las encuestas pagadas digan quien ganó el debate, lo que es cierto, es que Andrés Manuel López Obrador lleva una cómoda ventaja.

Por otra parte, desde hace 20 años, el Estado de Derecho se ha convertido en un tema central de la agenda pública de México. A pesar de los avances logrados, la sociedad mexicana hoy percibe una situación de deterioro por la crisis generada por las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad pública, el aumento de los índices de violencia y la corrupción.

Entre 180 naciones evaluadas en 2017, México se ubicó en el lugar 135 en el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, al obtener 29 puntos en una escala de 0 a 100, colocándose como la nación peor evaluada entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, se ubicó en el lugar 92 de 113 países evaluados por World Justice Project (WJP) en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 con una caída de cuatro posiciones respecto a 2016 con una calificación de 0.45 en el índice.

De los ocho temas evaluados, el factor con el peor desempeño en nuestro país fue la justicia penal, con la posición 105 de 113. En América Latina, los tres mejores países son Uruguay, Costa Rica y Chile. En ese sentido, México se ubica en el lugar 25 de 30, sólo por encima de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela; sin olvidar que nuestro país ocupó la posición 77 en el índice de Desarrollo Humano realizado por Naciones Unidas, que evalúa 188 países.

Ante esta realidad, varias instituciones académicas incluyendo al Colegio de México y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, llevaron a cabo un análisis profundo de la realidad nacional en el marco de un año que representa grandes desafíos e importantes oportunidades para establecer un nuevo pacto social y un cambio en el modelo económico – político – social, que recobre el crecimiento nacional. Ojalá que los candidatos y sus equipos de campaña los escuchen.

Se destaca la necesidad de crear un Nuevo Proyecto de Nación, basado en la recuperación y el fortalecimiento de la identidad nacional, en donde es importante construir un nuevo acuerdo social, sustentado en una alianza de los sectores público, privado, académico y ciudadano como factor indispensable para enfrentar los rezagos que presenta la economía mexicana y superar los retos que surgen de un entorno internacional en donde los paradigmas y alianzas internacionales se han modificado.

Se requiere combatir de manera eficaz la corrupción, generar un entorno de mayor seguridad pública, promover y fomentar la inversión productiva del sector privado nacional para mejorar las condiciones del mercado laboral, formalizar la economía y con ello, crear mejores condiciones de estabilidad social. Eso es lo que en verdad importa.