Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA LXXVI… Las trampas de la pensión universal para adultos mayores. El recrudecimiento de la violencia y una pandemia que no cesa. 

El 21 de marzo pasado, en Guelatao, Oaxaca, el presidente de la República anunció la decisión de incorporar a todos los mexicanos mayores de 65 años, ya de manera universal, a una pensión, como quedó consignado en la reforma al artículo 4º de la Constitución. Además, anunció el aumento en el monto de las pensiones para adultos mayores y esta reducción de la edad de 68 a 65, se dio justo en el contexto de las elecciones intermedias. Y aunque representan una pesada carga para las finanzas públicas, la llamada 4T siguió adelante con esto.

Sin embargo, el registro de personas para obtener esta pensión va de manera muy lenta y la responsable del programa, Ariadna Montiel Reyes, subsecretaría de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, reconoció la semana pasada en Acapulco, Guerrero, que el programa comenzará a implementarse hasta el 2 de agosto y que cada bimestre incorporarán al programa a 450 mil personas, pero aclaró que “vamos a iniciar por la población más pobre, por los municipios más pobres y las colonias más pobres de las ciudades urbanas”. Entonces ¿es o no universal?

La siguiente pregunta es ¿de dónde se van a obtener los cuantiosos recursos que implica un compromiso de ese tamaño? Porque hasta ahora no está claro cómo se van a conseguir tan impresionantes y crecientes de recursos públicos para mantener el programa con pensiones de 3,100 pesos.

La subsecretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes dijo que se planea incorporar a 2.2 millones de adultos mayores de 65 años en pensiones del Bienestar y que cada bimestre se incorporará a 450 mil adultos mayores hasta llegar a marzo-abril del 2022 con la incorporación de todos los adultos mayores de 65 años. Este año se decidió un aumento del 15 por ciento para pasar de 2,700 a 3,100 pesos y a partir del 2022 y hasta el 2024 aumentará en cinco veces desde el monto de 1,160 pesos que el gobierno daba en el año 2018. Eso suena muy bonito, pero hasta ahora, miles de personas que ya se inscribieron en el programa no han recibido ni siquiera una llamada o una confirmación oficial de que ya están inscritos.

Para este 2021, fueron asignados en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, 135,000 millones de pesos y de acuerdo con la funcionaria adicionalmente se otorgaron otros 16,000 millones de pesos para sumar un presupuesto modificado de 152,000 millones de pesos, para garantizar el aumento a los 3,100 pesos para quienes ya están en la pensión. Esto implicó para la Secretaría de Hacienda una inversión en este semestre de 9,000 millones de pesos y el resto, 7,000 millones para incorporar a nuevos beneficiarios y todavía inexistente del programa.

Este presupuesto aumentará de aquí al 2024. Para el 2022 el incremento será de 240,000 millones de pesos; para 2023, de 300,000 millones de pesos y en 2024 de 370,000 millones de pesos. El programa, además de justo, necesario e indispensable, es una muestra de solidaridad con nuestros padres y abuelos. El grave problema que tienen este tipo de programas es que no hay una fuente clara de dónde provendrán tales recursos.

Por otra parte, la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de resultados de la estrategia para alcanzar la paz en el país. Allí, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que se logró una reducción de 24.6 por ciento de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019 y que el delito de homicidio doloso se ha contenido; de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Sobre este delito informó que en el acumulado de enero a junio de 2021 seis estados concentraron el 50.2 por ciento de las víctimas en el país: Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, Michoacán y Chihuahua. En total son 50 municipios que concentran la mayor incidencia delictiva en homicidios dolosos: 13 de la región noroeste, tres del noreste, tres del sureste, 14 del centro y 17 de occidente.

Dados los resultados de la atención en 15 municipios prioritarios, el presidente López Obrador instruyó ampliar la intervención a esos 50 que concentran el 47.8 por ciento de los homicidios dolosos del país con el objetivo de prevenir las actividades delictivas y atender las causas del aumento de la incidencia en zonas focalizadas. Estas acciones, según se dijo, se llevan a cabo a través de los programas de bienestar, atención a las adicciones, servicios y recuperación de espacios públicos.

Pero de viernes a domingo, las masacres no pararon. En Sonora y Zacatecas, además de otras entidades federativas. Ayer mismo López Obrador indicó que hubo 26 asesinatos violentos solamente en Guanajuato. Michoacán, son 22. Jalisco, 20. Estado de México, 19. Zacatecas, 16 y Yucatán con 4.

En la última década ha habido dos crisis de violencia —2008-2012 y 2014-presente— que han fragmentado las grandes organizaciones criminales que existían desde finales de los noventa.

Esta segunda crisis tuvo como detonante el surgimiento de grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el aumento de las ejecuciones y, consecuentemente, el incremento del despliegue de las Fuerzas Armadas. Así, el abatimiento y captura de líderes de los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa (CDS) concedieron el fortalecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el surgimiento de nuevos grupos locales y regionales. En esta nueva etapa, diversificaron sus actividades a nuevos mercados como el robo de combustible, a ferrocarril, a transportista y trata de personas. Actualmente, el CJNG es —junto con el CDS—el único cártel con presencia nacional.

Actualmente el liderazgo del cártel se basa en Ismael Zambada García “El Mayo” y la familia Guzmán Loera encabezada por “Los Chapitos”. Con la extradición y conclusión del juicio al Chapo Guzmán, se puede concluir que la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, es la que cuenta con más capacidad operativa en Jalisco y Michoacán, Guerrero y México, a excepción de Sinaloa. También hay indicios de reclutamiento de exmilitares. Todo esto se documenta en un estudio elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

De acuerdo con el último informe, del mes de abril de 2021, presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de los 2,736 cuerpos localizados y recuperados de este tipo de fosas, sólo el 37.7 por ciento ha sido adecuadamente identificado y entregado a sus deudos; esto significa que dos de cada tres permanecen sin identificar (mil 704), mientras que los trabajos de búsqueda y recuperación continúan. Las entidades con mayor número de fosas clandestinas son Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora.

Por último, el “escenario más drástico” que planteó el gobierno capitalino para esta tercera ola de Covid de 3 mil 500 camas de hospital ocupadas en el Valle de México, llegó antes de lo previsto. Eduardo Clark, director de gobierno digital, daba a conocer que las proyecciones del gobierno de Ciudad de México eran un crecimiento paulatino durante este mes. Y “en algún momento de agosto” alcanzar cerca de las 3,500 camas ocupadas.

Sin embargo, en base al último reporte sobre Covid, el número de personas hospitalizadas en el Valle de México alcanzó las 3 mil 550, superando el escenario más drástico, 2 mil 657 de ellas en camas generales y 893 en unidades de terapia intensiva. Con 2 mil 415 camas de hospital ocupadas, la ocupación hospitalaria en Ciudad de México es del 30.51%, lo que se traduce en una disponibilidad de 5 mil 501 camas. En días pasados autoridades capitalinas informaron que Ciudad de México cuenta con una capacidad para llegar a 8 mil camas en caso de ser necesario. Esta semana, la Secretaría de Salud capitalina sumará a la atención de pacientes Covid al Hospital General Villa y el Belisario Domínguez, ambos en un esquema híbrido. Y ayer, en Veracruz, el propio López Obrador pidió que “todos nos cuidemos. Ya sabemos, es una enfermedad, es un virus muy dañino que causa mucho dolor, tristeza, todos hemos perdido familiares, amigos, entonces tenemos que cuidarnos todos, pero hay que salir adelante, como está sucediendo, sin estar sometidos por la pandemia.

Y agregó:

“Desde el principio he dicho que somos mayores de edad, que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubo medidas drásticas ni en los peores momentos; actuamos con mucha prudencia, equilibrando libertad, economía, salud. Porque todo es importante; claro, lo más importante es salvar vidas, es la salud, pero también no hay que exagerar con medidas que muchas veces tampoco ayudan, sino lo que demuestran es que hay un afán autoritario, les sale el autoritarismo que llevan dentro.

Por lo pronto, la Secretaría de Salud federal informó que con lo que el número de casos confirmados de personas contagiados con el virus Covid-19 asciende a 2 millones 748 mil 518, mientras que los fallecimientos suman 238, 424, más los que se acumulen esta semana. Y es que la epidemia no cesa.